Amparados en las "condiciones insalubres" a los que están sometidos los trabajadores de la red de subterráneos porteña, los legisladores sancionaron, tras largas horas de debate, una ley que establece la jornada de 6 horas diarias y 36 semanales para todos los empleados de Metrovías que se desempeñan en la red de subterráneos.
Además la ley establece que los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias y que entre la finalización de un turno y el comienzo del siguiente no puede haber menos de 16 horas de diferencia. Se contempla también un descanso semanal no inferior a 38 horas, dentro de cada ciclo de 7 días.
Debido a los altos niveles de ruido, a la contaminación del aire y a las vibraciones en el lugar de trabajo que generan condiciones de insalubridad para los trabajadores y los usuarios del servicio, es que la Comisión de Legislación General y del Trabajo, presidida por el Diputado Alberto Fernández (PJ) elaboró un despacho teniendo en cuenta diversos proyectos de ley referidos al tema, presentados anteriormente por los diputados Raúl Puy (ARI), Jorge Altamira (Partido Obrero), Fernando Caeiro, Elisa Cuitiño, Marcela Larrosa, Cristian Caram, Héctor Costanzo (UCR), Marcelo Vensentini, Laura Moresi (Frente Grande), Irene López de Castro (Bases y Puntos de Partida), Enrique Rodríguez, Miguel Doy (Forja 2001), Juliana Marino (Peronismo Independiente) y Carlos Campolongo (Justicia Social).
Según la norma, el salario será el que corresponda al actual Convenio Colectivo para la jornada de 8 horas y la aplicación de la ley no podrá alterar negativamente las condiciones de trabajo, seguridad y calidad del servicio. El despacho funda claramente la necesidad de reducir el horario de trabajo de los empleados en la insalubridad de la tarea que realizan.
Sin embargo, hasta último momento se analizó cambiarla, debido a un planteo hecho por las autoridades de Metrovías respecto de que las mujeres no pueden trabajar en lugares declarados insalubres, lo que ocasionaría el despido de 300 empleadas. Por tal motivo, los legisladores consideraron reemplazar el término insalubridad por la fórmula "condiciones especiales", y así definir lo que a su juicio eran riesgos para los trabajadores, pero en definitiva no se realizaron cambios.
Cabe recordar que, varios legisladores realizaron el miércoles 17 de julio una recorrida por las diferentes líneas de subterráneos, verificando un notable agravamiento en las condiciones de trabajo, tales como altos niveles de ruido, baja intensidad y calidad lumínica, carga térmica excesiva, ventilación inapropiada, escaso oxígeno, agentes microparticulados, radiaciones, filtraciones de humedad y líquidos cloacales, presencia de químicos cancerígenos como el asbesto, entre otros.
El diputado Ricardo Busacca afirmó que "es totalmente errónea la posición que adoptó la Comisión de Legislación General y Trabajo de la Legislatura, esta ley es inconstitucional, puesto que una ley local no puede afectar los intereses tutelados por una norma nacional".
El vicepresidente 3º de la Legislatura, quien junto a los demás integrantes del Interbloque Porteño se abstuvo en la votación, continuó diciendo que "ésto impedirá el trabajo de la mujer, debido a que la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe a las mujeres desarrollar tareas en jornadas insalubres".
Por su parte, el diputado Enrique Rodríguez -encargado de fundamentar el despacho de la Comisión antes mencionada- señaló que "son brutos, son burros y tergiversan la ley aquellos que sostienen que aprobando esta iniciativa la empresa Metrovías estamos condenando al despido a 300 mujeres".
En el mismo sentido, el diputado Raúl Puy (ARI), quien fue el primero en presentar un proyecto reduciendo las horas de trabajo a los trabajadores de subterráneos, cuestionó la precarización de las relaciones laborales con ese personal y se movilizó juntamente con activistas de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y trabajadores para reclamar la aprobación del proyecto.
En contraposición, el diputado Julio Crespo Campos (UCeDé) -acostumbrado a ganarse la antipatía de todos los espectadores presentes- criticó duramente la propuesta, fundamentando su oposición con gran cantidad de jurisprudencia sosteniendo que a quien le corresponde sancionar este tipo de iniciativas es al Congreso de la Nación. "El reclamo es totalmente justo, pero el procedimiento es totalmente inconveniente".
En el mismo sentido, el demócrata Atilio Alimena, solicitó que se archivara el proyecto porque "se trata de un tema de jurisdicción nacional", y a su vez, cuestionó a Rodríguez "porque siendo titular del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Carlos Menem, firmó el decreto para que los trabajadores se vieran sometidos a trabajar ocho horas diarias".
A pesar de que la iniciativa tampoco contó con la aprobación de los diputados del Frente Grande Marcelo Vensentini y Sandra Dosch, y del radical Daniel Bravo, el Cuerpo decidió mayoritariamente avalar la propuesta. Ahora resta esperar la decisión del Ejecutivo porteño, aunque es muy probable que opte por vetar la flamante ley, amparándose en la inconstitucionalidad de la misma. También se rumorea que aunque los trabajadores intuyen este desenlace, las próximas elecciones en la UTA "ameritan tanto esfuerzo, aunque sea en vano".
