El barrio Ramón Carrillo estaba convertido en un barral con olor hediondo. Pese a la fuertes lluvia y lo dificultoso que resultaba para transitar por las calles del barrio, que fue construido por el Estado, el juez capitalino, Juan Lima, dejo de lado las elegancias propias de su labor para "vivir lo mismo que nosotros", comentó Modesto Alvarado que integra un sector de la comisión vecinal de Ramón Carrillo y además junto con Olga Amador son los impulsores de la medida cautelar que llevó a la segunda inspección ocular de la justicia con funcionarios del Gobierno porteño.
El amparo fue presentado hace dos años por los ex habitantes del demolido Albergue Warnes por la emergencia en infraestructura y contaminación ambiental de suelos por metales pesados. La causa se radicó en el juzgado Nº 11, secretaría nº 22 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario. El juez Lima con la inspección de este lunes, por la mañana, lleva dos visitas en el barrio.
Las cloacas saturadas y en mal estado, el endeble tendido de la red eléctrica, la peligrosidad del agua para consumo, el acopio de basura, la usurpación de terrenos destinados a parques y la contaminación del suelo son los principales problemas que tomó en cuenta en su visita el juez, como la asesoría tutelar de menores Nº 1 y los funcionarios de distintas áreas del Gobierno, entre ellos personal del Ministerio de Salud, abogados del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y del Ente de Higiene Urbana (EHU).
"Vivieron lo que nosotros pasamos todos los días, como es respirar olor a mierda. El juez se fue caliente porque no estaban los técnicos del IVC para que le dieran una respuesta de porque el barrio no había cambiado su situación desde que hizo la primer inspección, el 27 de diciembre último. Se fue burlado", expresó a este medio Modesto, padre de dos hijas y de profesión electricista que hizo de guía por la calle Castañares y pasaje D, luego Martínez Castro entrando por el pasaje del centro de educación no formal, luego hasta Lacarra y Castañares, bajo la autopista 7, donde están los acopiadores de cartones, donde debería existir un parque y actualmente es basural.
Ramón Carillo abarca 27 manzanas y allí viven 9 mil personas, según cálculos de los mismos vecinos que consideran.
La ley 1333, votada en el año 2004, daba un año al Gobierno, en ese entonces a cargo de Aníbal Ibarra, para dar solución a las problemáticas antes citadas. No hubo mejoras y se dio una prorrogada que venció en el año 2006.
El criterio del magistrado es no dictar sentencia. Prefiere llegar a acuerdos de palabra con los funcionarios porque considera que con la sentencia se retrasaría una solución.
