Este lunes el titular de Nueva Dirigencia, Gustavo Beliz, demandó penalmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por lo que considera "un negocio que no resuelve los problemas de tránsito sino que engorda el bolsillo de cuatro vivos. Más que foto-multa es una foto-estafa".
Además el candidato a jefe de gobierno porteño, convocó a los vecinos de Buenos Aires a realizar un boicot contra las foto-multas que "encubriendo un negocio oscuro pretende reinstalar Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso le pedimos a la gente que se niegue a pagar estas boletas que le lleguen, para no ser víctimas de un abuso inadmisible, que además no va a contribuir a resolver de modo eficaz los problemas de tránsito de la ciudad".
Por su parte el Vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Cristian Caram, le reclamó al jefe de Gobierno de la Ciudad que no ponga en funcionamiento el nuevo sistema de multas de tránsito hasta dentro de 60 días. Y que en ese plazo el Ejecutivo porteño desarrolle una extensa campaña de difusión y educación vial.
Caram también pidió que se difundan los lugares claves donde se tomarán las fotos "ya que el objetivo de todo este nuevo sistema es que los conductores cumplan con las reglas de tránsito –a través de la persuasión y la concientización- y no cazarlos para que las empresas y el estado puedan recaudar mayor cantidad de dinero".
Al respecto el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos -presidido por José Luis Di Lorenzo- advirtió que a pesar de que le corresponde por la Ley Nº 210 la participación en la renegociación del contrato de concesión del Sistema de Verificación Fotográfica de Infracciones de Tránsito, el organismo regulador porteño no fue convocado para discutir el nuevo acuerdo que entrará en vigencia el lunes 24 de febrero.
"Al establecer en la cláusula décima del acuerdo que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, juntamente con la Dirección General de Administración de Infracciones, controlará el desempeño de las actividades del Contratista, el Gobierno de la Ciudad y los concesionarios desoyeron lo legalmente establecido. Ibarra sigue con su política de impedir los controles", afirmó Di Lorenzo.
El Ente ha detectado que en reiteradas oportunidades los vehículos afectados al servicio de captación fotográfica de infracciones se encuentran estacionados sobre veredas o fuera de las dársenas construidas para tal fin. Más aún, no emplean las balizas que según las Órdenes de Trabajo de fecha 4 de junio de 2001 (para ambas concesionarias) deberían utilizar. Otro error detectado respecto del sistema es el de superposición de rodados en una misma acta. También se ha comprobado que ciertas áreas de la ciudad no cuentan con el debido señalamiento vertical y horizontal y en otros casos se ha podido establecer que hay cordones amarillos erróneamente pintados por particulares sin el correspondiente respaldo legal.
El organismo señaló que "otra irregularidad es que el plazo de vigencia de la concesión tenía una validez de cinco años, contados a partir de las 48 horas de suscripto el contrato original, es decir el 4 de septiembre del 2004, mientras que luego de lo establecido en la nueva acta el plazo vencerá el 1º de mayo de 2006, lo que resulta una prórroga de casi 20 meses. Por lo expuesto, es inexacto lo manifestado por la directora General de Seguridad Vial, Leticia Piris, quien explicó que la prórroga fue por cinco meses".
