Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron que el ex secretario Legal y Técnico, Virgilio Loiácono, se aparte de la defensa del ex presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, en la causa que lleva la jueza Servini de Cubría por las muertes, heridos y detenidos en virtud del estado de sitio del 20 de diciembre de 2001.
El reclamo se basa en que el propio ex presidente de la Rúa en sus declaraciones de descargo, le atribuye a la Secretaria Legal y Técnica, cuyo titular era Loiácono, haberle entregado para la firma los decretos 1678/01 disponiendo el estado de sitio y el 1682/01 estableciendo la privación de libertad de 29 ciudadanos. Curiosamente, De La Rúa – a pesar de ser abogado – dice no saber si esas detenciones eran legales o ilegales, y por lo tanto, deja esa responsabilidad en quien le arrimó los decretos para la firma, es decir, su actual abogado defensor.
Bajo el criterio de la garantía jurídica de la inviolabilidad de la defensa en juicio, el CELS cuestiona que quien resulta responsabilizado por su propio ex jefe y ahora defendido es cuanto menos testigo de los hechos y hay evidente conflicto de intereses que hasta podría devenir en contradicción entre defendido y defensor respecto de los hechos que se investigan en este complejo expediente penal.
De la Rúa incluso declara haberle encargado a Loiácono la respuesta a un oficio judicial – librado por la propia Servini de Cubría – en relación con las detenciones ilegales de ese día 20 de diciembre. Todo ello indica que Loiácono, que no puede considerarse ajeno a la causa que se investiga, responsabilizado ahora por su propio defendido, y en tal sintonía, el CELS planteo la nulidad de las indagatorias de Fernando de la Rúa, habida cuenta que la obligatoria asistencia de defensor en dichos actos procésales las cubrió el ex secretario Legal y Técnico, Virgilio Loiácono.
