El fiscal Alejandro Molina Pico, que ya había pedido el 20 de julio del año pasado la indagatoria de Fernando de la Rúa -cuando aún era presidente-, en la causa por irregularidades en la obra de la Autopista Illia, volvió a hacerlo el 15 de febrero último, aunque esta nueva diligencia trascendió recién en estos días.
En la causa por una larga serie de irregularidades que se cometieron durante la construcción de la Autopista Illia, Molina Pico pidió también la indagatoria del ex secretario de Obras Públicas porteño, Nicolás Gallo – que después fue secretario general de la Presidencia-; del ex procurador general de la Ciudad, Ernesto Marcer -que después fue procurador general del Tesoro de la Nación- y del ex secretario de Hacienda porteño, Eduardo delle Ville.
Paradójicamente, hasta el momento Molina Pico era el único actor implicado en la causa que estaba bajo proceso. Recién ayer -jueves 14 de marzo- se notificó del rechazo del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, de una denuncia que le efectuó Gallo, en la que pedía además su separación de la causa.
Molina Pico, cuando hizo su descargo, le contestó al entonces secretario general de la Presidencia de la Nación que él (Gallo) únicamente intentaba obstaculizar la investigación con argumentos "politiqueros" y que los dos únicos argumentos de peso que existían en el escrito eran el membrete que lo encabezaba -en el que rezaba: "Presidencia de la Nación"- y el sello de goma que había debajo -el del propio Gallo-, todo lo demás -argumentó el fiscal, parafraseando el latín de Santo Tomás de Aquino- es "mihi videt ut palia" (nada más que paja).
La causa por la Autopista Illia fue iniciada por el ex concejal del Partido Demócrata Marcelo Gey, cuyo mandato se cumplió entre 1973 y 1976, que denunció irregularidades en la concesión a la empresa COVIMET por esa obra. Cuando Gey denunció los hechos ante el propio de la Rúa, sólo recibió indiferencia. Entonces acudió a la Justicia.
La denuncia de Gey se basó en el decreto 3135, que fue firmado por de la Rúa el 23 de diciembre de 1998, por el que se aprobaba el contrato que figuraba en el anexo uno…que fue agregado al decreto el 8 de enero. Esta irregularidad se mostraría posteriormente como una de las menos importantes. El anexo 14, por su parte, en el que están detallados los pagos que se le efectuarán a la empresa, no tiene ninguna firma ni figura en el Registro Oficial de Decretos. Allí se ordenaron pagos a COVIMET por un total de 28 millones ochocientos mil pesos. El último pago a la empresa fue de 2 millones y medio de pesos, a principios de 1999, en coincidencia con el inicio de la campaña presidencial de de la Rúa.
Los problemas con la Autopista Illia se dieron prácticamente desde sus inicios. En 1981, el gobierno municipal de Guillermo del Cioppo contrató la construcción de una autovía que debía nacer en el fin de la Avenida General Paz, luego seguiría desde allí hasta el río, para doblar luego a la derecha y, pasando sobre las vías de los trenes que salen de la Estación Retiro, llegar hasta el inicio de la Avenida 9 de Julio. En ese lugar la autopista debía sumergirse bajo la avenida, para reaparecer en la superficie al pasar la Estación Constitución y terminar a unas cuadras de allí.
Bajo la Avenida 9 de Julio, la empresa debía construir 12.000 cocheras, en tanto que en la superficie debían construir jardines, que estarían situados en los bordes de las calzadas.
El desastre vino después. En el contrato original estaba estipulado que la empresa debía construir por su cuenta y riesgo, y no sólo eso, también debía presentar los avales correspondientes. El pago se iba a efectuar -siempre según el contrato que firmó la empresa COVIMET con el intendente del Cioppo- con la recaudación que surgiera del cobro de "hasta el 20 por ciento" del peaje de la autopista y de los alquileres de las cocheras. El municipio porteño, en tanto, se hubiera quedado con el 80 por ciento de la recaudación total, sumado el total de la recaudación por ambos rubros. Hay que destacar que se fijaba un monto a la obra, descartando de manera taxativa cualquier certificado por mayores costos.
En 1985 -cuando era intendente el radical Julio Saguier-comenzaron las renegociaciones del contrato. Primero el Gobierno suspendió el sistema de peaje -la obra aún no había empezado-, lo que motivó una demanda por parte de la empresa. Posteriormente se le reconoció una compensación por la suspensión aludida. En esos momentos se le pagó a COVIMET una suma que equivalió al total de la obra aunque, no conformes con eso, se le reconocieron al poco tiempo, algunos pagos por mayores costos. Tantos que hasta el día de hoy, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y su sucesor jurídico, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocieron haberle pagado a COVIMET la suma de 437 millones de pesos.
Algunos expertos en obras públicas consultados por NOTICIAS URBANAS coincidieron en señalar que la obra, tal cual fue construída, no supera los 120 o quizás los 130 millones de pesos. El fiscal de la causa ya diseñó el cuestionario que piensa efectuarles a los imputados, en tanto que quizás deba pedir posteriormente una pericia, que según fuentes judiciales preferiría que fuera realizada por la Academia Nacional de Ingeniería.
La jueza subrogante Silvia Ramond -que no hace mucho envió al ex juez Francisco Trovato a prisión- tiene ahora la decisión en sus manos. El año pasado el juez Nelson Jarazo rechazó la indagatoria del entonces presidente de la Nación y de sus funcionarios principales, pero ahora su juzgado está vacante porque fue ascendido a camarista, justo después de su fallo denegatorio.
