La investigación de las denuncias por reducción a la servidumbre de inmigrantes bolivianos, principalmente, ya no la encabeza el juez federal Norbeto Oyarbide, quien se excusó de tal tarea. Quien ahora quedó al frente de la misma es el juez federal Claudio Bonadío.
Este magistrado ya sumó todos los casos vinculados con el tema: la acusación por presunto cobro de coimas contra la comisaría 40ª de la Federal, las veintitrés denuncias realizadas por el Gobierno porteño contra dueños de talleres clausurados y las causas que eran tramitadas en juzgados de instrucción.
La causa que tramitaba Oyarbide se inició por una denuncia de la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, y la Cooperativa La Alameda. El juez sobreseyó a los imputados, pero la Cámara Federal le ordenó retomar la investigación. En una inusual medida, el Oyarbide acusó a Pierini por "falsa denuncia". El 30 de marzo de este año, al incendiarse un taller clandestino, seis personas que allí eran reducidas a servidumbre, murieron.
La Alameda, patrocinada por abogados de la Liga por los Derechos del Hombre, solicitó ante el Consejo de la Magistratura el juicio político de Oyarbide. También pidió su recusación en la causa. Oyarbide respondió apartándose del mismo acusando una supuesta "violencia moral" en su contra.
Bonadío también interviene en la denuncia contra 108 talleres de costura realizada por la Unión de Trabajadores Costureros.
