El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra ha recibido en estos días de cambios, fuertes presiones de sus allegados para que vete la ley de reducción de los sueldos que aprobó la Legislatura. Sucede que muchos funcionarios, algunos de ellos nombrados con acuerdo de la propia Legislatura, hoy se niegan a bajar sus ingresos que en general oscilan entre los 6.000 y 15.000 pesos por mes. En este selecto grupo se ubican los directores del Banco Ciudad, los magistrados del Consejo de la Magistratura, los directores de Autopistas Urbanas, de la Audítoría, del Ente Regulador, las Corporaciones de las que la ciudad forma parte como el CEAMSE, el Mercado Central o la reciente Corporación del Sur.
La ley en su artículo segundo dice que "no podrán ser superiores a las remuneraciones de los diputados las que perciban los funcionarios del sector público de la ciudad de Buenos Aires, el cual comprende el el Consejo de la Magistratura, las comunas, organismos de la seguridad social, empresas y sociedades del Estado" entre otros y sigue, aclarando al final que "quedan derogadas todas las normas en lo que se opongan a la presente". La cabeza de la ley es la que fija la escala con respecto a la retribución que se fijó el jefe de Gobierno que es de 6.300 pesos brutos.
Esto en números implica que todos los nombrados en el párrafo anterior pasarán a recibir una remuneración mensual cercana a los 4.000 pesos de bolsillo, una cifra bastante inferior a la que venían percibiendo hasta ahora. A eso se le suma que no podrán asignarse ningún tipo de adicionales ni remunerativos ni no remunerativos. La Justicia, por poner un ejemplo tenía hasta ahora un plus de 2% por año de antiguedad, mientras que otros organismos gozaban de viáticos suficientes para completar con dignidad sus haberes.
Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sancionada en 1996, el Ejecutivo no tiene posibilidad de vetar parcialmente una ley – en este caso el artículo segundo- por lo que en el caso de tomar esa decisión, debería vetarla entera. En el Palacio de Gobierno especulaban con el costo político del veto, habida cuenta que la ley había tenido buena acogida tanto por los medios de comunicación como por la sociedad porteña. Fuentes legislativas mostraron su preocupación ante esta posible medida, pero habida cuenta que el Ejecutivo tiene una sola posibilidad de veto, afirmaron mayoritariamente que insistirían en promulgarla, esta vez en forma definitiva.
Mientras tanto, en el Gobierno se trataba como caso especial el del Banco Ciudad, argumentando que existe un parámetro de mercado en las retribuciones de gerentes y directores de las entidades bancarias. Así buscaban el modo por el cuál se podría llegar a una solución intermedia entre el espíritu de la ley (el ajuste) y la realidad de esa institución. También se analizaba que funcionarios de carrera o de "la línea" como habitualmente se los conoce, quedarían en algunos casos con sueldos mayores que sus superiores, producto de una peculiar carrera administrativa que supo gozar de muchos beneficios en los últimos 25 años.
