Tres resoluciones del Consejo de la Magistratura porteño, más que secretas, estaban escondidas bajo siete llaves. Son la 301/02, que aprueba la estructura orgánica definitiva del Consejo, su reglamento interno y el reglamento de concursos; la 308/02, que llama a concurso interno para la cobertura de los cargos comunes de la estructura orgánica definitiva del Consejo de la Magistratura y la 309/02, que convoca también a concurso interno para el personal jerárquico de la misma repartición. En total pasarán a planta permanente 258 personas.
A través de un vocero de uno de los magistrados NOTICIAS URBANAS tuvo acceso a las mismas, que demuestran el oscuro manejo de la convocatoria, el sobredimensionamiento de la estructura y la voluntad política de los consejeros de mantener en sus cargos definitivamente a quienes hoy están sospechados e imputados penalmente por presunta administración fraudulenta.
Y además queda claro que han decidido violar el requisito constitucional del art. 116 inciso 5 in fine que obliga en todos los casos a que los concursos se realicen con intervención de los jueces. Por tanto al no estar integrado al Consejo el estamento de los jueces ni designados aún el grueso de los que integrarán el sistema judicial de la Ciudad, estos concursos vienen viciados de nulidad y son absolutamente inconstitucionales.
Este medio ya había adelantado la intención de algunos consejeros de "atornillar" en los puestos a sus hombres de confianza y aunque la discusión fue dura -sobre todo en el tema Urfeig- el plenario votó sin disidencias -al decir de un camarista- "la consagración de la impunidad". Los consejeros Juan O. Gauna y Gloria Bonatto -principales imputados en la causa que lleva adelante el juez Ricardo Warley- fueron quienes fogonearon el apuro de constituir rápidamente la estructura y dejar a sus alfiles, a pesar de los cuestionamientos que les llueven y a pesar de que cesan en sus mandatos en menos de dos meses. Otro consejero, Carlos Cárcova, que había sido el más crítico en lo que respecta al personal jerárquico, finalmente cedió a las presiones.
Dentro de la "raviolada" a concursar en jerárquicos, se destacan los inventos de tres nuevas direcciones. La Dirección de Ejecución Presupuestaria recaerá "concurso mediante" en Sergio Gargiulo. En cuanto a la Dirección Contable, la bola de cristal asegura que será para Jorge Sereni, un fiel amigo de Urfeig y una tercera -la de Administración- estaría también ya adjudicada . Los demás "concursantes"permanecerán todos en los lugares que actualmente están ocupando ya que los perfiles a cumplir son los identikit de los que ya están.
En la resolución 309/02 se determinan los cargos jerárquicos a concursar, que subieron a último momento de nueve a doce, y los requisitos para cubrirlos. Resulta sorprendente -en el punto 4.4- que el único cargo que no requiere título de grado (profesional) es el de Director de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial, para el que se postula el bachiller Norberto Urfeig, al que sólo se le pide por la "modestia" del lugar que concursa, antecedentes en la temática o en funciones análogas, algo obvio para este puntero de Enrique Mathov, ya que ocupa ese espacio hace cuatro años.
Las funciones que desarrolla – y pretende seguir desarrollando- Urfeig son según la resolución 301/02, entre otras, las siguientes:
a) Propone a la Comisión de Administración y Financiera la ejecución del presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad y administra la que aquélla disponga.
b) Organiza la administración financiera, contable y de ejecución presupuestaria.
c) Organiza los sistemas administrativos y contables.
d) Autoriza el pago de haberes al personal.
e) Supervisa el funcionamiento de las unidades administrativas de ejecución presupuestaria y las oficinas de enlace con cada fuero.
f) Interviene en los procedimientos de compras y contrataciones autorizando o aprobando las mismas.
g) Provee las solicitudes y reclamos por bienes y servicios de los distintos funcionarios y Magistrados del Poder Judicial, con excepción del Consejo de la Magistratura, de lo que se encarga Suárez.
Mientras tanto a Jorge Suárez, estudiante crónico de la carrera de Ciencias Políticas, le cambiaron de nombre el cargo por el de Director de Coordinación Administrativa del Consejo de la Magistratura, le exigen lo mismo que a Urfeig, aunque también citan a profesionales universitarios por si termina la carrera a tiempo. Suárez fue quien en la primera época del Consejo, se hizo pasar por abogado, título que ostentó a pesar de compartir funciones con el Colegio Público de Abogados, entidad que controla el ejercicio del título, uno de los temas por los que ha debido comparecer al Juzgado Penal.
Mientras todo esto sucede, los edificios comprados en cifras millonarias por "necesidad y urgencia" en los años 1999 y 2000 siguen deshabitados y uno de ellos es un esqueleto. Está claro que la constitución del fuero contravencional y de faltas es de mucho menor interés para la Ciudad que el concurso interno del Consejo. Debe ser por eso que los consejeros, con el presidente y su vice a la cabeza, ponen todo el esfuerzo en sacar "su" estructura y dejarle un Caballo de Troya al próximo Consejo.
