Por incumplimiento de acuerdos en la entrega de agua potable a ciudadanos que habitan la villa 31 bis, en el barrio de Retiro, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció hoy ante la Sala I en lo Administrativo, Contencioso y Tributario de la Ciudad al máximo responsable del instituto de la Vivienda (IVC), Claudio Freidín.
Las razones de llegar a una instancia judicial contra un funcionario del Gobierno de la ciudad, según relató el abogado de la ACIJ, Luis Villanueva, se deben a que "no se está cumpliendo con la medida cautelar que presentamos en el juzgado Nº 5, a cargo de Fabiana Scharfik, por la falta de acceso a agua potable en cuatro manzanas de la villa 31 bis. Un gerente del IVC se comprometió en una audiencia a respetar el acuerdo pero en la realidad no se efectivizan".
A fines del 2006, el gobierno apeló la sentencia dictada en el mes de noviembre por el juez Osvaldo Otheguy, que planteaba resolver de una vez el problema del acceso al agua para unas 1200 personas en esa barriada.
"Es una actitud bastante reprochable la del Gobierno -agregó el letrado-, ya que una afectación al derecho de la salud no debería dilatar la solución sino todo lo contrario: resolverse sin necesidad de llegar a juicio. La apelación genera que hasta dentro de dos meses no haya sentencia definitiva. La actitud del Gobierno es una chicana judicial".
Los vecinos informaron que los fines de semana de enero, cuando los camiones de la empresa Ibarra no cargan los tanques con agua potable se bañan en un supermercado de la zona. Además deben racionalizar lo poco que tienen, si es que tienen algo.
La medida cautelar presentada por la ONG tiene carácter de urgente, mientras se resuelve el problema de fondo. Con la apelación a la sentencia, la resolución definitiva se encuentra en estudio por la justicia.
