En las cercanías de la desembocadura del arroyo Maldonado, en el Río de la Plata, se está desarrollando una importante obra hídrica, que incluye la excavación de varios túneles aliviadores, destinados a evitar las inundaciones que inevitablemente se producen en la ciudad cuando llueven más de 80 mm. en un solo día.
Si bien ésta es la más importante de las obras que está encarando el gobierno que encabeza Mauricio Macri, desde el comienzo de su desarrollo la polémica estuvo asociada con ella. La empresa adjudicataria es Ghella SPA, una multinacional italiana cuyo presidente de la filial argentina es Ángelo Calcaterra, primo hermano y antiguo socio en las empresas familiares del actual jefe de Gobierno.
Primero, algunos diputados porteños, como Sergio Abrevaya, Facundo Di Filippo y Milcíades Peña (los dos últimos hoy con mandato cumplido) presentaron ante la Justicia un amparo y solicitaron una medida cautelar para que se detuvieran las obras hasta subsanar una larga serie de anomalías. En esa ocasión, el juez Juan Vicente Cataldo, titular del Juzgado Nº 1 del fuero Administrativo y Tributario de la Ciudad, les dio la razón y solicitó la detención de los trabajos, una medida que fue ratificada luego por la Cámara de Apelaciones. En ambas ocasiones, sin embargo, el Gobierno de la Ciudad ignoró la decisión judicial y continuó con los trabajos.
Luego, la empresa contrató el seguro ambiental tal como la estipula la ley, pero sólo cuando fue obligada por la Justicia, ante un amparo que presentó el diputado Eduardo Epszteyn. La póliza tenía como fecha de vencimiento el 21 de agosto de este año. Lo curioso es que, por medio de la Resolución Nº 442, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Urbano asumió esa penosa responsabilidad, ante la negativa de esta empresa, cuyos máximos directivos se negaron a renovar el seguro por un año más, alegando ?con brutal honestidad? que tal cosa supone ?costos adicionales excesivos?. Desde el último sábado, entonces, los porteños pagamos lo que le correspondía pagar a la empresa constructora.
Otras denuncias se sucedieron a lo largo del desarrollo de los trabajos en esta obra, pero el 8 de abril último un accidente oscureció aún más las aguas procelosas del Maldonado. Ese día, el buzo Rodrigo Ojeda efectuaba tareas de mantenimiento en el cabezal de la tuneladora, a 30 metros de profundidad. ?Estaba trabajando en el lugar desde las 14.00, cuando al abandonar la cámara de descompresión, poco antes de las 17.30, comenzó a sentir un dolor en el pecho?, relató a Noticias Urbanas el director general de Obras de Ingeniería, Daniel Capdevila. De esta manera, el funcionario negó una versión periodística en la que se afirmaba que no había una cámara hiperbárica en el lugar.
?El buzo pertenecía a la empresa Salvamento y Buceo Almirón y estaba trabajando bajo el estricto protocolo que exige para estas tareas la Prefectura Naval Argentina. Cada tuneladora posee dos cámaras hiperbáricas, con las cuales trabaja un médico especialista en esa disciplina. Cuando llegan a trabajar, los buzos entran en la cámara y se les sube la presión para adaptarse. Están allí una hora y media o dos horas y recién allí empiezan a trabajar. Luego de trabajar, vuelven a pasar un tiempo similar para acostumbrarse a una presión más baja?, declaró Capdevila.
?El dolor del buzo empezó cuando ya estaba cambiado, al subir al vagón que los llevaba hasta el obrador, que es por donde abandonan las instalaciones. Ellos estaban trabajando a 25 metros de profundidad y a unos 1.600 metros del pozo construido para la tuneladora. En la superficie fue atendido en una ambulancia de la empresa Vittal, pero falleció a las 17.50, antes de llegar al hospital Fernández, que era adonde lo llevaban?, expresó el funcionario, que aclaró que ?en este tipo de obras sólo se trabaja bajo procedimientos y protocolos de contingencia, en este caso los dispuestos por Prefectura, que están en un todo de acuerdo con las normas internacionales?.
Giorno quiere saber
Mientras tanto, el presidente del Partido de la Ciudad, Jorge Giorno, presentó un pedido de informes dirigido al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en el que solicitó que le sea remitida ?copia certificada de toda la documentación que obrare en su poder? con respecto a los sucesos que culminaron con la muerte de Ojeda.
Giorno consideró que ?resulta sospechoso que este gobierno, que desarrolla un marketing sobre todo lo que hace, haya ocultado esta muerte, quizás porque el fallecido era sólo un trabajador, un elemento descartable?.
Abrevaya no confía
?La historia de esta muerte, que fue ocultada durante meses, es el modus operandi habitual de este gobierno?, disparó sin anestesia el legislador de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, uno de los diputados que denunció diversas irregularidades a lo largo de la obra.
?Lo que ocurre ?agregó el legislador? es que la historia de esta obra no induce a la confianza. Es necesario recordar los múltiples incumplimientos en los que incurrió este Gobierno para entender la desconfianza: no respetaron los planos originales, a los que se les hicieron modificaciones que no estaban autorizadas en el plan original; construyeron un pozo que tampoco respeta las especificaciones, que pone en peligro el acuífero Guaraní, que corre bajo la Ciudad a unos 35 metros de profundidad, y ni siquiera obedecieron dos resoluciones judiciales que los obligaban a suspender las obras.?
?Por eso mismo es que esperaremos a ver lo que dice la Justicia acerca de estos hechos, pero la actitud es, en primera instancia, no creer nada hasta que se expidan los jueces?, remató el combativo diputado.
Del fuego al agua
Como en una comedia negra en la que las cosas sólo progresan hacia la catástrofe, sin amagar siquiera un final feliz a lo largo de todo el guión, pareciera que el destino decidió ensañarse con los responsables de esta obra, que parecen tan afectos a las decisiones heterodoxas como Groucho Marx. Para muestra basta un botón. El director designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano para dirigir esta obra, la más importante que está desarrollando el Estado porteño, es el ingeniero eléctrico Eduardo Samuel Cohen, que no está habilitado para ello, porque este tipo de trabajo exige un ingeniero civil, en todo caso, con el asesoramiento de un ingeniero en hidráulica.
Pero Cohen tiene un valor agregado, que en este caso es un agravante: es el mismo funcionario que se negó, en los tiempos anteriores a la tragedia del boliche República de Cromañón, a inspeccionar este antro. Por entonces era el responsable de supervisar las instalaciones eléctricas de la Ciudad. Los familiares de Cromañón lo consideran un responsable importante del despropósito que culminó en tragedia aquella noche del 30 de diciembre de 2004.
En el Maldonado, este funcionario ?todoterreno? avaló las innumerables modificaciones que se hicieron sobre el plan original de obra, que según el ex legislador Milcíades Peña, sólo sirvieron para ejecutar facturaciones por mayores costos, sin agregarle valor al proyecto primigenio.
