En estos tiempos tormentosos, cruzado por operaciones políticas que a veces se diluyen antes de convertirse en juicios, la Justicia se encuentra sumida en una serie de disensiones, en ocasiones sanas y en otras ocasiones, estériles.
Días atrás, se produjo el enésimo intercambio de opiniones, esta vez entre el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri y los magistrados agrupados en Justicia Legítima, a causa de la molestia que dejó trasuntar el mandatario en una frase que le adjudicó el periodista Joaquín Morales Solá en su columna de opinión en un matutino porteño. Según Solá, Macri sostuvo que “el kirchnerismo se fue, pero Justicia Legítima sigue ahí. Hay jueces y fiscales de esa agrupación en todos lados, que obstruyen la política, como sucedió con las tarifas, o que creen en la abolición del Código Penal. Traban las decisiones políticas, sean económicas o de seguridad, por razones ideológicas, no judiciales. Los conozco. Me hacían lo mismo en la Capital“, finalizó el mandatario.
La acusación fue respondida el lunes último por la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, que manifestó que “no estamos ni a favor ni en contra de las políticas del Ejecutivo. Lo que nosotros hacemos es aplicar la ley”, dijo, para agregar luego que los fallos contra el aumento en las tarifas de los servicios públicos “han sido dictados por más de cincuenta jueces; no creo que todos sean integrantes de Justicia Legítima”. Finalmente, la magistrada se mostró irónica al reclamar porque “si algunos son simpatizantes de Justicia Legítima, a mí no me están pagando las cuotas”.
De todos modos, la jueza respondió que “me sorprenden tanto esas declaraciones que quiero pensar que, a lo mejor, fue una libre versión del periodista”, haciendo gala de una filosa mordacidad.
El debate, al ser protagonizado por figuras de envergadura, se amplió hasta ámbitos muy distantes de la política y del Poder Judicial.
Luis Duacastella: “Los jueces tienen ideología”
En ese terreno, el defensor General Adjunto en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad, Luis Duacastella Arbizu, sostuvo ante Noticias Urbanas, refiriéndose a la polémica entablada, que “todos los jueces tienen ideología. Ningún juez falla en contra de sus convicciones y ésto es ideología. Es claro que un juez no puede cambiar la ley, es decir, no puede adaptar la ley a su forma de pensar, pero lo mismo puede fallar”.
“Los integrantes de Justicia Legítima nos reconocemos como parte de la sociedad, pero nuestra ideología no nos impide hacer justicia. Lo que ocurre es que el Poder Judicial se nutrió de una sola posición ideológica en el pasado, pero ahora, con la proliferación de nuevas universidades y de nuevas doctrinas de derecho, existen más matrices ideológicas. Existen tanto los funcionarios judiciales que provienen de la Universidad de Lanús, que tendrán una matriz más progresista, como los de la Universidad Católica, que vendrán con una ideología más conservadora”, sostuvo el Defensor Adjunto.
De todos modos, Duacastella aclara que “de lo que debe ser independiente el juez, es del poder político y del poder económico, porque ambos son poderes fácticos y tienen la capacidad de influir sobre la carrera del juez y sobre la manera de administrar justicia”.
Luego, el ex fiscal agregó que “para nosotros, democratizar la justicia es democratizar el ingreso al Poder Judicial y democratizar después la carrera judicial”.
“En este sentido -explicó el funcionario-, los mecanismos de selección en la ciudad son más democráticos, porque los consejeros son elegidos por sus pares. Hay tres estamentos, en los que sus representantes son elegidos por sus colegas: el de los jueces, el de los abogados y el de los legisladores y no hay ningún representante del Poder Ejecutivo. Estas circunstancias hacen que los procesos de selección en la ciudad sean más democráticos”.
En cuanto al entredicho entre Macri y Garrigós, Duacastella manifestó “que un presidente explicite que no acepta las resoluciones de los jueces es una presión indebida sobre quienes deben fallar en causas en las que está involucrado el Gobierno”.
Para explicar la reacción de los magistrados frente a los dichos del primer mandatario, Ducastella consideró que “el resto de la Justicia considera que son presiones indebidas sobre el Poder Judicial cuando reciben críticas de un Gobierno del cual son opositores. En este caso, la Asociación de Magistrados no dijo nada. Se da la paradoja de que la mayoría de los jueces son los que se preservan. Por otra parte, están los que apoyan con vehemencia al Gobierno. A éstos sería injusto denominarlos como el Partido Judicial, pero suelen ser funcionales a las decisiones políticas del Gobierno”.
Finalmente, el defensor adjunto refirió sus preocupación por la situación de la Justicia Laboral, a la que calificó como “futuro blanco de las presiones contra la Justicia. La Justicia Laboral está siempre en la mira. Es necesario recordar que en 1976, la persecución contra las resoluciones del Gobierno que fue derrocado el 24 de marzo comenzó con la Noche de las Corbatas, el secuestro de seis abogados, de los cuales varios habían trabajado en la Redacción de la Ley de Contrato de Trabajo, que otorgó más derechos a los trabajadores y que fue derogada ni bien empezada la Dictadura”.
