La Legislatura porteña se encuentra pronta a tratar en el recinto los proyectos de derogación y modificación de la Ley 1181 que permitió la creación de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cassaba).
Si bien más de una decena de proyectos vinculados al tema fueron presentados en los últimos dos años, una propuesta de modificación trabajada entre legisladores de diferentes bloques y la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital habría logrado suficiente consenso como para lograr su aprobación en la sesión del 4 de octubre (cuando sería tratado el tema en preferencia).
Ante el inminente debate legislativo y la muy probable modificación en el régimen de afiliación de Cassaba (dejaría de ser obligatorio para volverse voluntario), el directorio de la Caja salió públicamente a dar su opinión.
Por medio de una solicitada, la actual conducción de Cassaba expresó que el proyecto de ley que se trataría en breve en el recinto, "bajo la apariencia de la reforma del régimen de seguridad social, provocará el desbaratamiento de los derechos y de las expectativas previsionales de los más de 44.000 abogados y procuradores que hicieron aportes a la Caja".
También se resalta que el proyecto carece de datos estadísticos o proyección actuarial, propicia un nuevo sistema previsional de carácter residual -no obligatorio para los aprotantes a otros régimenes-, e "instituye un marco jurídico sui generis" que contradice a la Constitución Nacional y de la Ciudad y a la Ley 24.241 que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
"El proyecto en cuestión determinará, en caso de prosperar, tanto la inviabilidad técnica de CASSABA como la consecuente frustración de los derechos y expectativas previsionales de quienes aportaron a la Caja. Por un lado prevé mantener indefinidamente los beneficios ya concedidos y por el otro neutraliza la capacidad recaudatoria necesaria para asegurar las actuales y futuras prestaciones. El patrimonio de Cassaba que hoy supera los 60 millones se agotará […] y los colegas aportantes habremos perdido tres años de contribuciones", señalan los directivos de Cassaba.
Y reconociendo como alma mater del proyecto al Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital, la Caja encabezada por Hugo Germano subrayó que Jorge Rizzo, "mediante conductas personales e institucionales inéditas en la historia de la abogacía organizada, arremetió contra el sistema de seguridad social profesional cuya creación había apoyado explícitamente como Delegado de la Asamblea colegial en el año 2003".
"No sorprende entonces que el fruto de esta conducta se cristalice en un fraude
a miles de abogados y procuradores que cumplieron con sus obligaciones previsionales,
confiando en una ley que la misma Legislatura que la dictó podría esterilizar
menos de cuatro años después. No consentimos ni aceptamos administrar un sistema previsional que implica un notorio e inaceptable retroceso en la seguridad social de nuestro país", finalizó la solicitada firmada por el presidente de Cassaba, Hugo Germano y el presidente de la Asamblea de Representantes, Atilio Alterini, junto con todo el consejo directivo de la institución.
