Las repercusiones del fallo de la Sala V de la Cámara del Crimen no se hicieron esperar. Primero fue el suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, luego los familiares y, en última instancia, la respuesta oficial, la jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, quien citó a conferencia de prensa para expedirse sobre el tema.
Cerca de las 18, en el salón de Acuerdos del Palacio de Gobierno, Fernández entró al lugar intentando disimular una noticia que lo hacía muy felíz, y por la cual había convocado a los medios: las implicancias del fallo de la Cámara en que los principales funcionarios implicados en la causa Cromañón vieron disminuidos los cargos que pesaban sobre ellos, a la imputación de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Así, desde el Gobierno porteño albergan la esperanza de que el proceso de juicio político a Ibarra caiga. "Venimos a reafirmar nuestro compromiso con la verdad y la justicia -comenzó diciendo Fernández-. Hoy la justicia ha determinado elementos centrales por los cuales consideramos que el juicio político debe ser archivado. Este dictámen da por tierra los dictámenes acusatorios de la Legislatura".
Fernández manifestó que "la justicia determinó la existencia de una normativa de leyes confusas; la inacción legislativa respecto de ello; dos factores cntrales para que se produzca la tragedia: la cantidad de gente y el ingreso y uso de pirotecnia; determinó como principales responsables a Chabán, Callejeros y a la Policía Federal; descarta total y absolutamente relaciones del empresario con funcionarios del Gobierno, ya sea de amistad o comerciales; determinó que el poder de policía no era del jefe de Gobierno sino de sus estructuras inferiores; y, establece que no hay ninguna responsabilidad por parte de ningún funcionario en las muertes".
Aunque no estaba frente al micrófono, el jefe de Gabinete fue acompañado por el secretario de Cultura, Gustavo López.
ALGUNAS PARTES DEL FALLO
En su página 87: "Los legisladores porteños, por inacción, dejaron que perdieran estado parlamentario diversos proyectos de reforma del Código de Habilitaciones y Verificaciones y advirtieron, después de lo acontecido en "República Cromañón", la imperiosa necesidad de actualizar la legislación limitando las posibilidades de discrecionalidad del ejecutivo".
En su página 102: "Así las cosas, puede sostenerse como punto de partida que la responsabilidad sobre la aplicación de las normas de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba a cargo, al momento de los hechos, de la Subsecretaría de Control Comunal y de la Dirección General de Fiscalización y Control".
En su página 136: "Tal como se vio en un comienzo, al momento de los hechos la Subsecretaría de Control Comunal tenía, entre otras, las funciones de ejercer y coordinar en forma integral el poder de policía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas específicas en materia de habilitaciones, seguridad, calidad ambiental, higiene y seguridad alimentaria y salubridad; supervisar y coordinar acciones con la Dirección General de Fiscalización y Control"
