Los legisladores porteños Sergio Molina y Héctor Bidonde -ambos del Bloque del Sur- realizaron una grave presentación sobre violaciones de los derechos humanos en las Unidades Penales 20 y 27 dependientes del Servicio Penitenciario Federal que funcionan, respectivamente, dentro de los Hospitales Neuropsiquiátricos Borda y Moyano. Basados en un informe del Equipo de Salud Mental del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), denuncian sobrepoblación y falta de personal suficiente, entre otras cosas.
Según la investigación, que se realizó durante los años 2004 y 2005 en el marco de una investigación regional sobre derechos humanos y salud mental, las condiciones y los tratamientos que los internados padecen constituyen daños gravísimos e irreparables a sus derechos a la vida, al trato digno y humano, y a la seguridad e integridad personal.
El equipo de Salud Mental del CELS, vinculado con la referida investigación, sostiene que la violación sistemática de los derechos humanos de las personas detenidas en las mencionadas Unidades Penales psiquiátricas queda evidenciada en las situaciones siguientes: a) sobrepoblación; b) falta de personal suficiente; c) en muchos casos, falta de idoneidad en la formación profesional de dicho profesional; c) omisión de diagnóstico y de tratamiento adecuados; d) elevado número de personas con problemas de drogadependencia; e) trato cruel, inhumano o degradante; f) vejaciones.
Al respecto, el diputado Héctor Bidonde sostuvo: "Creemos que es inadmisible que situaciones como éstas ocurran, y creemos también que en tanto legisladores de la Ciudad no podemos ni debemos soslayarlas, dado que aunque las Unidades Penales antedichas dependen del Servicio Penitenciario Federal, las mismas funcionan al interior de dos hospitales neuropsiquiátricos que están bajo la órbita del Ministerio de Salud del GCBA. Tampoco podemos callar que, como sostiene el criminólogo Máximo Sozzo, "es macabro" el hecho de que estos dos "manicomios judiciales" (como él denomina a las referidas Unidades Penales) sean administrados por el Servicio Penitenciario."
La existencia de la institución manicomial contradice el espíritu de la Ley 448 de Salud Mental, sancionada por esta Legislatura en julio de 2000, que propende a la transformación del sistema público de salud. A esta situación se suma la existencia de unidades penales al interior de la propia institución manicomial.
