El viernes, se volvió viral en las redes un video que filmó un joven, que mostraba la brutal agresión de la que fue objeto un trabajador que tiene un reparto de harina. La pieza fílmica mostraba varios casos de abuso policial en el mismo hecho. El primero, contra el hombre que fue ahorcado después de haber sido herido en la cabeza y también fracturado en su pierna, El segundo abusado fue el joven que filmó el hecho, que fue amenazado con ser detenido. El tercer abuso se cometió contra dos compañeros de trabajo del agredido y contra un playero de una estación de servicio, que fueron detenidos por ser testigos y por intentar defender -sin agredir a los policías- al hombre que el agente ahorcaba como si supiera matar con las manos.
El chofer agredido se llama José Ojeda y tiene 57 años. El hecho ocurrió a las 17:30 del viernes en Avenida Benavídez y Ruta 9, adonde llegó Ojeda para descargar harina. El lugar en el que se estaciona habitualmente para realizar el trabajo se encontraba ocupado por un patrullero del Centro de Operaciones Tácticas de Tigre, ocupado por dos policías. Ojeda les solicitó que se corrieran y su pedido fue ignorado, por lo que descendió de su vehículo para hablar con los agentes de la ley y el orden.
La respuesta que recibió fue, como mínimo, descortés. El resultado fue el esperado cuando los policías actúan arbitrariamente: la agresión, los golpes y el maltrato policial habitual de los “tácticos” tigrenses, que suelen incurrir en estos desmadres. Ojeda terminó con una pierna fracturada -que hasta el sábado a la mañana, cuando aún permanecía detenido, aún no había sido tratada, como corresponde- y con traumatismo craneal, producto de un culatazo propinado por los recatados agentes del orden.
Los dos compañeros de trabajo de Ojeda -que fue severamente ahorcado por el policía Héctor Eusebio Sosa- y un playero de la estación de servicio contigua al lugar de la agresión fueron detenidos junto con Ojeda, mientras que el joven que filmó el operativo ilegal fue amenazado repetidas veces, tal como pudo verse y escucharse en la filmación.
Pero esto es apenas una anécdota, comparado con lo que se descubrió más tarde. La clave es Héctor Eusebio Sosa que en el ambiente policial es conocido como “El Paraguayo”, el que inmoviliza al trabajador con una llave que puede ser mortal y que suelen usar los combatientes de Ultimate Fighter Championship. La clave hay que buscarla el seis de febrero de 1999, cuando dos chicos, de 15 y 17 años, que asaltaron una carpintería corrieron desarmados a esconderse en una casa de la Villa 25, de San Fernando. Los tres policías que los perseguían detectaron su escondite y uno de ellos -precisamente, Héctor Eusebio Sosa- entró con su arma dispuesta a la humilde casilla que les servía de refugio y encontró a los adolescentes escondidos bajo una mesa.
La balacera “reglamentaria” no se hizo esperar. ¿El resultado? uno de los chicos, -Héctor “El Frente” Vital- muerto y el otro, dado por muerto, porque sino lo hubieran rematado en el suelo, como al otro. El de 15 años sobrevivió y relató la verdad que el falso relato policial intentó ocultar. Incluso, la pericia arrojó como resultado que Vital estaba agachado, con las manos en alto. Después hubo dos juicios, en los que Sosa fue sobreseído, desnudando la evidente complicidad del sistema judicial para con sus hijos díscolos, que incursionan en la ilegalidad.
Pero el raid de Sosa no terminó allí. En la Nochebuena de 2006 persiguió a dos jóvenes ladrones que huían en su moto y los mató a ambos, después de dispararles cerca de 20 tiros. A los dos que murieron y a un tercero que sobrevivió -la puntería de Sosa no es perfecta, como se puede ver- les pegó tres tiros. Poco tiempo después, Sosa fue refugiado en el COT de Tigre, retaguardia segura para los que matan en algún otro lado y necesitan cobijo institucional.
Al fin y al cabo, matar es una de las potestades de las fuerzas de seguridad. De todos modos, existen límites y protocolos para que matar no sea condenable. El problema es que cuando no se respetan ni esos límites ni esos protocolos, son muy escasas las sanciones para los que saltan el cerco de la legalidad para pasar a morar en el mismo ámbito que los “chicos malos”. En esos casos, entonces, a veces se hace difícil distinguir a un ladrón -o a un sicario, en este caso- de un policía.
