El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires deberá resolver acerca de una declaración de inconstitucionalidad, formulada por el diputado Jorge Argüello (Encuentro por la Ciudad). Éste cuestiona el decreto 1814/00, que promulgó la ley de creación de la Corporación del Sur, sancionada por la Legislatura el 5 de agosto del año pasado.
El legislador rechazó que en el decreto se incluyera la creación del Estatuto de la Corporación, el cual debe ser autorizado por el parlamento porteño. La polémica norma define, entre las atribuciones de la flamante sociedad, la posibilidad de vender, comprar y permutar los bienes privados que se le entreguen en fideicomiso. Este punto, que integraba el proyecto de ley original, había sido suprimido en la sesión del 5 de agosto luego de un largo debate.
El decreto es objetado por muchos legisladores debido a que interpretan que se intenta hacer "entrar por la ventana" lo que ellos impidieron en esa sesión. Debido a esto, la diputada peronista Alicia Pierini presentó, simultáneamente con el pedido de Argüello, un proyecto a través del cual se solicita a la Corporación del Sur que se abstenga de disponer operaciones comerciales sobre los inmuebles fiscales hasta que se haya dilucidado la constitucionalidad de las normas que rigen sus operaciones. "Espero que el Tribunal Superior muestre su independencia y no permita que entre las reglas del mercado y las de la Constitución triunfen las primeras", dijo Pierini.
La zona sobre la que opera la Corporación del Sur es un polígono comprendido entre la Avenida General Paz, el Riachuelo, la ex Ciudad Deportiva de Boca, la Reserva Ecológica y las avenidas San Juan y Directorio. Es decir, aproximadamente, la tercera parte del territorio de la Ciudad.
