Un mes después de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi anunciara aparatosamente la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal que integran los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun dictó la falta de mérito de su secretario general, Omar Plaini y de la escribana María Emilia Rodenas y decidió devolverle el gremio a sus autoridades.
Martínez de Giorgi había decretado la intervención del Sivendia porque presuntamente se habían falsificado las actas de una asamblea. Según la Cámara, no existen “fundamentos que lleven a establecer la utilidad electoral para Plaini del número de asistentes a la Asamblea Extraordinaria celebrada a fin de designar a los integrantes de la Junta Electoral que estaría a cargo de la elección de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas de SIVENDIA por el término de cuatro años, para el período 2013/2017”.
Farah e Irurzun agregaron que el juez “deberá profundizar la presente pesquisa a fin de establecer si hay indicios de un actuar coordinado que fuera aprovechado por el imputado con fines específicos y hasta tanto, las dudas al respecto impiden avalar lo resuelto”.
Para hacer un poco de historia, el tres de julio último, Martínez de Giorgi decidió la intervención de Sivendia, desplazó a Plaini y realizó un espectacular allanamiento, justamente dos semanas después de que el sindicalista asistiera al acto de lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires.
En este carácter, tras el allanamiento Plaini denunció una “persecución política y jurídica” y solicitó que “la justicia actúe, pues se están violando todos los derechos constitucionales y hay un ataque al movimiento sindical argentino”.
En el mismo sentido, la CGT denunció en el momento de los hechos que lo que ocurría era un acto de “persecución gremial por parte del Gobierno nacional“. Paralelamente, el Gobierno intentó despegarse de la medida, aunque la realidad es que se trata del cuarto sindicato que se interviene desde la asunción de Mauricio Macri.
Operación SOMU: El principio
En febrero de 2016, fue intervenido el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y desde entonces su secretario general Omar “Caballo” Suárez está preso en el penal de Marcos Paz, acusado de bloquear puertos (una medida de fuerza sindical), de extorsionar a los empresarios (otra medida de fuerza sindical) y de encabezar una asociación ilícita, por estos supuestos delitos. La interventora designada fue Gladys González, actualmente candidata a senadora por Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires.
Ejercitando el músculo de la seguridad
El 27 de diciembre de 2016 fue intervenido el segundo sindicato, que fue la Unión del Personal de Seguridad, el sindicato de vigiladores privados que conducía el barrionuevista Ángel García. La acusación tenía que ver con supuestas irregularidades en el proceso electoral. De todos modos, fuentes ligadas al sindicalismo echaron a rodar la versión de que García se había enfrentado con Barrionuevo y la intervención había sido “gestionada” por éste y su eterno socio, Enrique Nosiglia. El interventor designado para “normalizar” la UPSRA fue Rodolfo Alonso, un dirigente radical allegado a “Coti” Nosiglia.
Finalmente, el 30 de diciembre, apenas tres días después de que Alonso ingresara a la sede gremial, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que conforman Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, dictaminaron suspender la intervención, una medida que fue apelada por el Ministerio de Trabajo. El juez que había autorizado el ingreso al interventor al local de sindicato, unicado en el barrio del Abasto, había sido el inefable Claudio Bonadío.
Azúcar amargo
El 16 de enero de este año, según denunció su secretario general, Juan Correa, el Ministerio de Trabajo intervino la Federación de Empleados de la Industria Azucarera por presuntas irregularidades en el proceso electoral, en lo que pareciera ser un “modus operandi” de Jorge Triaca. En aquel momento, Correa, denunció que existía una maniobra para quedarse con el manejo de la caja de la obra social, que cuenta con 30 mil afiliados y unos 60 mil beneficiarios.
Correa se quejó porque “cuando íbamos a elegir a las nuevas autoridades de la obra social nos vienen con la intervención. Y en dos meses tenemos paritarias y no sabemos qué va a pasar. En 2015 hubo elecciones en el sindicato, en las que participaron diez de las once filiales, sin problemas”.
Para efectivizar la intervención, el diez de enero desembarcó en Tucumán una delegación del Ministerio, encabezada por un hombre de confianza de Triaca, Marcos Díaz, que entró al sindicato apoyado por un pelotón de la Guardia de Infantería. Triaca argumentó que la FEIA se encontraba acéfala, lo que implicaba desconocer el mandato completo de Correa, que había sido elegido en junio de 2015.
Desde el gremio estaban convencidos que la intervención está directamente asociada con el alto nivel de conflictividad que sostuvieron durante los meses anteriores varios de los gremios adheridos a FEIA y se entendió como un intento de disciplinamiento hacia los trabajadores azucareros.