"Nadie puede justificar, en ningún caso, la represión", señaló el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, al ser consultado sobre el conflicto entre los trabajadores de la fábrica textil Brukman y la Policía Federal, luego de haber sido desalojados por una decisión del juez Jorge Rimondi.
Por su parte, el diputado nacional por la Ciudad, Luis Zamora, presente en el momento de los incidentes -ocurridos en la tarde del lunes- sostuvo que "ésta es una decisión arbitraria tomada por la Justicia. El propio Gobierno Nacional decía que era una maniobra política del menemismo para crearles problemas unos días antes de las elecciones. Fíjense la inmoralidad de lo que está viviendo el pueblo argentino, en manos de quién está. Y bueno, finalmente ocurrió lo que ocurrió. Trabajadores intentaron recuperar la fábrica que arbitrariamente le había sacado la Justicia".
Ibarra aseguró que en la tarde del lunes habló "con el propio presidente, y me dijo que ya estaba al tanto del tema y que había hablado con el ministro de Seguridad y Justicia, Juan José Álvarez, y con la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, para que convocaran a las partes para comenzar una negociación. En el momento que esto sale a la luz, es que comienzan a producirse los incidentes". Mientras tanto, el candidato a jefe de Gobierno por Autodeterminación y Libertad afirmó que "el Gobierno hace aproximadamente 20 días que sabía del operativo".
"En el caso -agregó Zamora- se tuvo que levantar el secreto de sumario al día siguiente del desalojo de Brukman el jueves pasado y los letrados de la causa pudieron ver el expediente. Hace 20 días, el juez encargado de la causa, Jorge Rimondi, le había pedido a la Policía Federal, que depende del Gobierno, por lo tanto (éste) estaba enterado, que hiciera inteligencia para ver cuál era el día más adecuado para recuperar la fábrica. Están todos los informes de inteligencia de la Federal que dicen que tiene que ser un día feriado o un fin de semana, de noche, y que el sábado o domingo no podía ser porque ellos tenían a los efectivos dispuestos para los partidos de fútbol. Por eso sugirieron hacer el desalojo para el jueves a la noche".
Zamora aseguró que "más allá de que uno puede opinar en forma dispar sobre las conductas de los distintos partidos, la decisión en este caso la tomaron los trabajadores de Brukman. Ellos se hartaron del manoseo y de esta situación angustiante. Estaban muy desesperados porque veían que, después de un año y medio de poner la fábrica en funcionamiento, después de un año y medio de causas judiciales demostrando la seriedad de sus planteos, tres o cuatro días antes de las elecciones se toma esta medida".
Para el legislador "son los gobernantes los que tienen que ver de qué forma los trabajadores de Brukman continúan gestionando la fábrica. Por supuesto que no son los trabajadores los que tienen que estar buscando las vías jurídicas, aunque han puesto varios proyectos a disposición. Es la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la que ahora tiene la responsabilidad de dar cauce a varios proyectos que hay presentados en relación con la fábrica Brukman. En definitiva, hay varias vías jurídicas pero no puede ser que desalojen a quienes han mantenido las fuentes de trabajo".
Ibarra, por su parte, señaló que "nosotros trabajamos durante el año pasado con ocho empresas, en las cuales promovimos la recuperación a partir de situaciones determinadas conjuntamente con la Legislatura. Todas estas fábricas tuvieron un proceso de recuperación, en algunos casos con subsidios, en otros mediante créditos, y siempre con una importante apoyatura técnica".
"En el caso de Brukman -añadió- hubo un proceso de aproximadamente un año, en el cual los legisladores se entrevistaron con las partes interesadas pero no pudo concretarse un acuerdo. Primero por la posición intransigente por parte de la empresa, luego porque los trabajadores querían una estatización de la fábrica, y después porque querían que se caratulara legalmente como convocatoria de acreedores y no como quiebra".
El jefe de Gobierno explicó que "dar un subsidio es una cosa, y otra es la estatización, que implica que se expropie la empresa y pase a ser patrimonio público. Es decir, que el Gobierno de la Ciudad tendría en su poder una fábrica textil y tendría que pagarle el sueldo a los empleados con el erario público, con lo que se recauda con el cobro de impuestos. Lo cual no es para nada viable".
En tanto, el ex dirigente del MAS concluyó diciendo: "No tengo dudas que quienes han defendido esta fuente de trabajo y tienen el derecho a conservarla son los trabajadores de Brukman. La patronal primero se había ido. Después de la devaluación se dio cuenta del disparate que había hecho al cerrarse la importación de productos textiles, así que empezó a evaluar que gracias a los trabajadores de Brukman la planta estaba en funcionamiento y ellos podían beneficiarse con el cambio de la situación económica. Creo que han hecho esa evaluación".
