Algunos contratos vencieron hace cinco años. Otros, hace diez años. Desde 2004 la licitación del nuevo mobiliario urbano de la Ciudad transita un sinuoso camino plagado de obstáculos y, aunque se estaba por realizar la apertura de sobres, el proceso volvió a frenarse.
La apertura de sobres se iba a realizar el pasado jueves al mediodía. Pero el día anterior, el juez Juan Cataldo dio a lugar a un amparo que finalmente frenó la apertura de los sobres. El amparo fue presentado por E.L. Medios, que forma parte de la Cámara Argentina de la Vía Pública.
La medida judicial motivó el enojo de la presidenta de la Comisión de Espacio Público de la Legislatura, la diputada macrista Lidia Saya. "Obviamente, enfrentamos la firme intención de las empresas que hoy tienen las concesiones, de continuar explotando este millonario negocio dentro de un marco de irregularidades que los avalen", denunció.
La licitación del mobiliario urbano implica la búsqueda de empresas que coloquen y mantengan refugios de colectivos, carteles de las calles y otros elementos, a cambio de usar parte de esas estructuras para poner publicidad, durante diez años. Se estima que, en ese tiempo, la facturación publicitaria superaría los 300 millones de pesos. De las empresas que actualmente desarrollan este negocio, algunas tienen los contratos vencidos desde 1996 y otras desde 2001.
En 2000, una ley de la Legislatura porteña aprobó la iniciación de una nueva licitación, aunque ésta no llegó a ponerse en práctica porque más adelante otra norma estipuló que el diseño del mobiliario debía decidirse mediante un concurso de arquitectos. Finalmente, en 2004, se concluyeron los pliegos y un año más tarde la gestión de Aníbal Ibarra llamó a licitación.
Pero cuando parecían ya superados los problemas, aparecieron otros: la empresa Atacama, dedicada a la publicidad en vía pública, cuestionó el pliego porque, a su entender, favorecía a las empresas que ya prestaban el servicio a la Ciudad, y dejaba sin posibilidades de presentarse a empresas de menor envergadura. El Ejecutivo lo modificó y volvió a llamar a licitación en abril de este año.
Para esta nueva licitación compraron los pliegos 12 empresas. Es la que acaba de ser suspendida por el juez Cataldo.
