La Comisión parlamentaria de Justicia se reunió este viernes para firmar el dictámen favorable a la transferencia progresiva de competencias penales establecidas en la Ley Nacional N° 26.702, para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 26.702, a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que determine, procederá a arbitrar los medios necesarios para realizar la estimación y liquidación mensual, con las correspondientes actualizaciones de los importes respectivos, en los términos previstos por el artículo 8º de la Ley N° 23.548, a efectos de que la transferencia de competencias penales establecida en el artículo 1° de la presente Ley sea realizada en base a lo determinado en el Convenio de Reasignación de Recursos Financieros, de acuerdo al artículo 75 inciso 2) de la Constitución Nacional”, expresa el artículo 2 del proyecto presentado por la diputada Paula Oliveto Lago (CC).
Además, se dispone que la norma entre en vigencia a los 60 días de la celebración del Convenio de Reasignación de Recursos Financieros, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta del Anexo de la Ley N° 597, a la Cláusula Tercera del Convenio aprobado por la Ley N° 2.257 y al artículo 6º de la Ley Nacional Nº 26.702.
Durante el encuentro efectuado en la Salón Jauretche de la sede legislativa, además, se firmó el dictamen sobre un proyecto de ley presentado en similar sentido por la diputada María Rosa Muiños (BP). Presidió el titular de la Comisión, Daniel Presti (PRO) y estuvieron sus pares Juan Pablo Arenaza, Clodomiro Risau, Diego Marías, Emilio Raposo Varela (Pro), Paula Oliveto Lago (CC) y María Rosa Muiños (BP).
Comisión de Asuntos Constitucionales
Dicha comisión firmó dos dictámenes favorables. Uno, vinculado a los sujetos obligados a brindar información pública. El proyecto amplía el ámbito de aplicación subjetiva de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública (subrogada por Ley N° 5.784). “Ampliar el ámbito de aplicación subjetiva de la Ley N° 104 a los concesionarios, permisionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuestas debidamente autorizados por la autoridad competente, resulta consistente con las posturas adoptadas por esta Legislatura, tanto en lo atinente a la regulación de los juegos de azar, destreza y apuestas, como en lo referente a ampliar activamente el acceso a la información pública en asuntos que resultan de entidad para la ciudadanía”, afirman los fundamentos de la iniciativa que lleva las firmas de los diputados Carmen Polledo y Francisco Quintana (PRO).
