La gobernadora María Eugenia Vidal logró algo histórico: esta semana una acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires puso en práctica el denominado “Reglamento de declaraciones juradas patrimoniales”. Concretamente, la decisión del máximo tribunal obliga a más de 14.000 jueces, fiscales, funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal a dar a conocer sus declaraciones de bienes.
El máximo tribunal provincial rompió con una práctica que venía desde la última dictadura. En efecto, desde el año 1981, los magistrados provinciales sólo estaban obligados a presentar sus declaraciones juradas al ingresar al cargo y a renovarlas cada cinco años o cuando modificaran su patrimonio. Pero no se preveía un mecanismo de acceso público, salvo que el interesado en la información denunciara penalmente al juez en cuestión.
El acuerdo 3880 de la Corte Suprema bonaerense obliga a 14 mil funcionarios a dar a conocer sus declaraciones patrimoniales. El formato será similar al que rige para los funcionarios de la gobernación, policías y guardiacárceles. La decisión fue refrendada esta semana por los jueces supremos Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo de Lazzari, Daniel Soria y Luis Genoud.
De esta forma el Poder Judicial se agrega a los 25.900 funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense, que ya habían sido alcanzados por tres decretos de la gobernadora María Eugenia Vidal, y a los 92 diputados y 46 senadores bonaerenses, que desde la semana pasada están obligados por ley a divulgar su patrimonio.
Más de 40.000 funcionarios deberán exhibir sus declaraciones patrimoniales en la Provincia de Buenos Aires.
La acordada de la Corte Suprema bonaerense se conoce a pocos días de que la Legislatura provincial aprobara las leyes que le permitirán a Vidal recortar varios cargos políticos y jubilaciones de privilegio.
