La demora se debería a que, “ahora, está corriendo el plazo (de cinco días) para que la parte demandante”, el sindicalista Carlos Acuña, “fundamente su apelación” a la decisión de Servini de convalidar, en el marco del expediente, la legitimidad de los abogados de la desplazada conducción del partido para objetar la intervención.
En este sentido, los abogados de Acuña plantearon que López Wesselhoefft y García Blanco carecen de “personería” (la posibilidad de actuar en Tribunales) porque no fueron designados por el Consejo del PJ, como indica la Carta Orgánica, sino por el Congreso del partido.
Sin embargo, la jueza Servini consideró que los letrados se encuentran legitimados para actuar como representantes, porque el Consejo nunca se reunió para ratificar las designaciones y los letrados venían actuando como apoderados desde hacía mucho tiempo.
Acuña, titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, y uno de los triunviros de la CGT, discrepó con esa decisión, “la apeló” y “está corriendo el plazo para que fundamente el recurso”, explicaron las fuentes.
Como al definir la intervención Servini había rechazado un planteo de los abogados del PJ para que la medida quedara en suspenso hasta que se resolviese la apelación, la intervención sigue vigente hasta tanto se expida la Cámara Nacional Electoral.
En tanto, cuando el expediente llegue a la CNE, ese tribunal de alzada deberá correrle vista al fiscal, en este caso el federal Jorge Di Lello para que se pronuncie.
Por su parte, los apoderados del Partido Justicialista Nacional, Patricia Alejandra García Blanco y Eduardo Gustavo Adolfo Lopez Wesselhoefft, interpusieron sendos recursos de queja ante la Cámara Nacional Electoral por, en un caso, por retardo y denegación de justicia, y en el otro, por denegarle el recurso de apelar la intervención judicial partidaria al Presidente del partido, José Luis Gioja.