El legislador de Unidad Ciudadana (UC), Leandro Santoro, presentó la ley de exclusión de empresas “arrepentidas”. El proyecto presentado el 15 de agosto en la Legislatura porteña es una propuesta que da garantía a la ciudadanía porteña de que el empresariado que declaró haber pagado coimas por la obra pública nacional, no podrá en el futuro tener contratos con la Ciudad.
En su parte sustancial la ley modificaría los requisitos para poder acceder a un contrato con la Ciudad de Buenos Aires, sea este para la realización de obra pública, para ser concesionario de servicios públicos o para ser proveedor del Estado mediante el sistema de compras y contrataciones, impidiendo que quienes se declaren autores o participes de delitos bajo el régimen del “arrepentido” sean candidatos contratables.
Para Santoro “es insólito que los empresarios que reconocen haber pagado coimas no sólo estén libres sino que además sigan haciendo negocios, como Roggio, que se asocia con Siemens para retener la concesión del subte porteño” y afirma que “porteños y porteñas se merecen que con sus impuestos se contraten empresarios honestos”.
A lo largo de los fundamentos del proyecto, hace un repaso de licitaciones de las cuales fueron beneficiarios en la Ciudad a través de sus empresas varios de los arrepentidos, como es el caso de Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Carlos Wagner, Juan Carlos de Goycochea y Héctor Zabaleta, por lo cual sostiene el diputado porteño que “resulta inadmisible desde el plano de la transparencia, desde el objetivo de combatir la corrupción y desde la esfera de la ética pública convalidar que los proveedores del Estado sigan siendo empresarios que asumen el pago de coimas”.
Se espera el apoyo para su tratamiento de todo el arco político y en especial del oficialismo, dado que el planteo está íntimamente vinculado con la ética pública y la responsabilidad política en la administración del Estado.
El texto del proyecto completo se puede leer aquí.