Al cumplirse el martes, cinco años del incendio en el depósito de Iron Mountain, en el que murieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil, familiares de las víctimas reclaman ser reincorporados como querellantes en la causa penal que tiene procesados a 12 ex funcionarios del Gobierno porteño y cinco directivos de la empresa.
La decisión de “quitar” a los familiares como querellantes en la causa por “incendio por estrago culposo seguido muerte”, que tramita en el juzgado en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Pablo Ormaechea, fue tomada por ese tribunal después de que las familias llegaran a un acuerdo económico con la empresa.
“Al sacarnos como querellantes lo que buscan es limitar la responsabilidad y evitar el juicio oral”, dijo a Télam Rolando Monticelli, papá del bombero Juan Matías Monticelli, uno de los fallecidos en el incendio del depósito del barrio porteño de Barracas.
“Se trata de una interpretación del viejo código de procedimientos, que establece que si una de las partes llega a un acuerdo, de la índole que sea, ya no puede ser querellante. Nosotros apelamos y la Sala 5 de la Cámara ratificó el fallo de primera instancia; volvimos a apelar y desde mayo la decisión la tiene Casación”, explicó por su parte Miguel Arce Aggeo, abogado de las familias.
Sandra Barícola, hermana del agente de Defensa Civil Pedro Barícola, también fallecido en la tragedia, sostuvo que “nunca los dejaron ser querellantes” y aseguró que “el reclamo sigue intacto: verdad y justicia”.
El 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8, las llamas tomaron el depósito de documentación ubicado en Azara 1245, donde acudieron varias dotaciones de bomberos de la Policía Federal y los voluntarios de Vuelta de Rocha y de La Boca.
Al llegar encontraron el portón del lugar herméticamente cerrado y, mientras esperaban órdenes intentando ingresar sobre Jovellanos, una pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda.