Desde aquella operación que culminó con el desalojo de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y su reemplazo por Carlos Rosenkrantz, las subsiguientes decisiones del máximo tribunal no fueron favorables para los deseos de Mauricio Macri.
Automáticamente, tras su marginación, Lorenzetti armó una mayoría automática, junto con los cortesanos Eduardo Maqueda y Horacio Rosatti y, en ese carácter, emitieron varios fallos que molestaron seriamente a la Casa Rosada.
En el día de la fecha, 19 de febrero, esta mayoría de los cortesanos falló que el Gobierno nacional debe depositar en las cuentas de la provincia de San Luis 15 mil millones de pesos, en concepto de coparticipación.
La deuda del Poder Ejecutivo con San Luis proviene de los tiempos en que gobernaba la Alianza -un fallido proyecto político que sólo duró dos años en el Gobierno-, que en enero de 2001 les descontó a todas las provincias el 15 por ciento de la coparticipación para financiar a la Anses y a la Afip.
Antes, el seis de noviembre pasado, la misma mayoría de cortesanos había publicado un fallo similar en favor de la provincia de La Pampa, en el mismo momento en que los dos miembros de la Corte que responden a Cambiemos -Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco- almorzaban con Mauricio Macri en la Casa Rosada.
Posiblemente el próximo fallo por la coparticipación sea favorable a la provincia de Santa Fe, que junto con Córdoba y San Luis fueron beneficiados por un fallo anterior de la Corte Suprema, dictado en los últimos tiempos de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en noviembre de 2015, cuando Macri ya era presidente electo.
Ni bien asumió, Macri derogó un decreto firmado por CFK, que refrendaba el fallo de la Corte e inició la negociación con las provincias para intentar estirar los pagos a plazos más largos. En esa ocasión llegó a un acuerdo con Córdoba, a la que le pagó con bonos. En cambio, con San Luis y Santa Fe nunca hubo acuerdo y a esa demora con la provincia cuyana se debe el fallo de la Corte.
El caso de Santa Fe -que aún no tiene su fallo definitivo- será aún más complicado para el Poder Ejecutivo Nacional, ya que la deuda equivale al triple de la de San Luis: son 45 mil millones.
En todos estos casos, Rosenkrantz se excusó de votar, porque en el pasado fue uno de los letrados patrocinantes del reclamo de la provincia de Santa Fe en esta misma materia. El caso de esta provincia viene algo más demorado, porque a la administración Lifschitz aún le falta presentar documentación.
En cuanto a los últimos movimientos de la Corte, sus fallos han colisionado en las últimas ocasiones con los deseos del Poder Ejecutivo. Por caso, el 18 de diciembre pasado, el máximo tribunal ratificó la aplicación del índice ISBIC para la actualización de las jubilaciones, que sentó un precedente para las causas que se encuentran en trámite. Este índice, que toma en cuenta los salarios de la industria y la construcción, es más favorable para los jubilados que el RIPTE que aplicaba ANSeS, que toma en cuenta el promedio de los salarios imponibles.
El otro fallo que escandalizó a la Casa Rosada fue la convalidación de la consulta popular convocada en La Rioja por el gobernador Sergio Casas, que buscaba su reelección por tercera vez consecutiva. Casas cumplió su primer mandato como vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015 y se encuentra revistando actualmente como gobernador, con mandato hasta fin del año en curso, cuando buscará su reelección.
En este caso, Rosenkrantz volvió a quedar en minoría. Los supremos Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosetti y Ricardo Lorenzetti votaron por rechazar el planteo de inconstitucionalidad que propuso la alianza gobernante en la Nación -no en La Rioja-, Cambiemos.
