En vísperas de la sesión especial -sería el martes 26 o el viernes 29 de la semana próxima- en la que la Legislatura porteña discutirá acerca de las condiciones en las que el Poder Ejecutivo negociará las tres series de los Bonos Tango que le falta acordar con sus acreedores, los chisporroteos no cesan.
Los Bonos Tango fueron emtidos por el Estado porteño en 1996 para reestructurar su deuda, que en esos momentos estaba concentrada fundamentalmente en las manos de sus proveedores y del Banco Ciudad. Los bonos están compuestos por cinco series. La serie I fue tomada en dólares y es de 250 millones. Las series II y IV son el liras y están fuera de la polémica, ya que sus tenedores aceptaron en la asamblea de Londres que se produjo el 13 de mayo de este año, la quita del 30 por ciento de los intereses y el diferimiento en los plazos de pago que les propuso el Gobierno porteño.
La serie III, que es la única que fue emitida en pesos argentinos -por un valor de 150 millones- siempre se pagó al día y estuvo fuera de las negociaciones hasta la segunda asamblea, que se produjo en Londres el 27 de mayo de este año. Ese día el Gobierno porteño tuvo la confirmación de que las series I y V iban a provocar inevitablemente el "default" porque sus tenedores no aceptaron la propuesta del Gobierno, que había sido autorizada por la Legislatura mediante la aprobación de la Ley 767. Las AFJP argentinas poseen 103 millones de esta serie.
La serie V fue tomada en euros y es de 100 millones. Las AFJP poseen títulos de esta serie por un total de 20 millones, un 20 por ciento del total.
En esta etapa del acuerdo, la serie III, que estuvo -al no operar demoras en su cancelación parcial por parte del Gobierno- fuera de la negociación hasta la segunda asamblea de acreedores, comenzó a cobrar importancia. Las AFJP argentinas, que fueron en gran medida las gestoras del fracaso de los acuerdos de las series I y V, puesto que poseían altos porcentajes de acreencias, son tenedoras mayoritarias de esta serie en pesos argentinos. Cuando solicitaron su inclusión en las tratativas, comenzó a avizorarse una salida para las series I y V, hasta el momento trabada.
De esta manera, la novedad -que se tratará en la próxima sesión especial- es la inclusión de la serie III en las negociaciones. Los diputados votarán una ley que autorice esta inclusión, porque las condiciones de las tratativas encaradas para las series I y V ya fueron delimitadas en la Ley 767.
La Legislatura -que aprobará la negociación por esta serie en pesos- sólo le modificó al proyecto del Poder Ejecutivo unos pocos detalles, entre los cuales el único importante es que le exigirá al Gobierno porteño que ninguna serie podrá quedar en "default". La consigna sería entonces: todas o ninguna. En el proyecto enviado por Ibarra quedaba la puerta abierta para que una de las series -la I o la V, ya que la III está acordada- pudiera quedar fuera de los acuerdos.
EL ROCK AND ROLL ANTI TANGO DE LA OPOSICIÓN
Hay dos despachos en minoría que elaboraron los diputados Eduardo Peduto (Justicia y Liberación) y Miguel Doy (FORJA 2001). El primero, que está siendo asesorado por el economista Martín Hourest, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), propuso convocar -junto con las próximas elecciones- a un referéndum para que los porteños decidan sobre la propuesta de negtociación. El segundo propuso enviar al archivo el proyecto del Poder Ejecutivo, atento en que hasta el año 2011 la ciudad deberá pagar 2.400 millones de pesos y que "en el proyecto 2683 – J – 02 (enviado por Ibarra), no se fundamenta cuáles son las motivaciones y las ventajas que traería aparejado para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lograr la refinanciación que se propone".
Otros sectores de la oposición, en cambio, cuestionan que en la negociación el Estado porteño "sólo se limita a pasarle una papa caliente al futuro gobierno". Incluso critican a Ibarra porque "sólo está proponiendo una ingeniería financiera para que le cierren los números del presupuesto 2003, dejando en manos de los futuros gobernantes una pesada carga que complicará seriamente su gestión".
Incluso acusan a la administración Ibarra de que "con esta propuesta queda claro que su único objetivo es asegurarse un salvavidas de corto plazo, muy influenciado por sus necesidades políticas y por el calendario electoral".
