Cediendo a presiones del episcopado argentino, a los que prefiere tener como aliados, María Eugenia Vidal puso en el congelador la posibilidad de intervenir en la regulación del juego online.
De todos modos, incidir sobre esta actividad, que funciona ilegalmente desde hace ya tiempo, hubiera echado sobre la gobernadora bonaerense las iras del peronismo y de amplios sectores de la Iglesia Católica, con los que ésta prefiere no enfrentarse en estos momentos de debilidad política que debe soportar.
Mientras tanto, desde el entorno de su rival del 27 de octubre, Axel Kicillof, se excusaron de entregar precisiones ante el escozor que genera el tema, que de todos modos deberá ser encarado después del 27 de octubre, porque no puede quedar librado al azar (valga la paradoja). Además, prohibir el juego online sería una cruzada en la que sería difícil imponerse, dado que las empresas suelen diversificar su oferta apelando a las app’s telefónicas y para tablets y a otros subterfugios, similares a los que utilizan Uber,Glovo, Pedidos Ya! y Rappi cuando se les dicta la prohibición.
El Gobierno se planteaba imponer a las empresas -son 15- que administran el juego online, un impuesto del 15 por ciento, con lo que se calculaba un ingreso a las arcas estatales de unos cinco mil millones de pesos anuales. Una bendición en estos tiempos de sequía recaudatoria.
En realidad, el proceso legislativo marchaba viento en popa hasta el once de agosto, cuando el resultado de las PASO determinó el cierre de muchas puertas que estaban abiertas para el proyecto político de la figura más prometedora del universo Cambiemos. Inclusive, en mayo de este año, el director de Lotería y Casinos, Matías Lanusse, había elaborado los pliegos de la licitación para adjudicarles a siete grupos empresariales el manejo de las apuestas deportivas, casinos virtuales, turf, y eventos en vivo.
La paradoja es que la actividad, que no tributa ante ningún organismo estatal, no es formalmente ilegal, puesto que no existe ley que la prohiba. Por esta razón es que funcionan impunemente seis mil putos de venta de tarjetas de juego prepagas, con las que se puede jugar online.
De todos modos, a partir de ahora, alguien deberá ponerle el cascabel al gato, por lo que el proceso de regulación del juego online -que cuenta con miles de adeptos- deberá ser legislado en algún momento. Sólo esto es seguro. La identidad del “regulador” es lo único que sigue siendo un misterio. ¿Será Vidal o será Kicillof?
