Este jueves, al día siguiente de efectuada la denuncia de Vila en el programa Animales Sueltos, que se emite por el Canal América, el fiscal federal Guillermo Marijuán -devenido repentinamente en un velocista jamaiquino, algo que no le es habitual- realizó una presentación judicial por “averiguación de delito” que involucra por ahora a Macri y al exministro de Comunicación Oscar Aguad, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 1, cuya titular es María Romilda Servini de Cubría.
Marijuán solicitó además que el empresario televisivo a que aporte la documentación que acreditó poseer ante las preguntas de Alejandro Fantino, conductor de Animales Sueltos.
Vila denunció que “el presidente asumió un compromiso conmigo. Cuando él asume, me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Arlink, le devolviera al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, había varias medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín”.
Pero la denuncia de Vila tuvo más repercusiones, porque la abogada Graciana Peñafort, que trabajó en el área de Asuntos Legales y Normativas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) publicó un hilo de tuits en la red del pájaro azul para explicar el trasfondo de la extorsión que se le atribuye al Presidente y las implicancias de la alegada propiedad de Vila sobre el espectro telefónico.
Peñafort aclaró que “las frecuencias a las que refiere Vila en realidad NUNCA fueron adjudicadas a Vila. Hubo un concurso, sí y en ese concurso se licitaron frecuencias para telefonía celular, sí. El concurso establecía condiciones patrimoniales estrictas. Clarín intentó suspender ese concurso”, puntualizó.
Luego la letrada informó que “la justicia le dio la razón al Estado Nacional. Y no le dio la cautelar que solicitaba Clarín. El concurso concluyó con la preadjudicacion a Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar), Telecom Personal S.A. (Personal), Arlink S.A. y AMX Argentina S.A. (Claro)”.
A continuación, Peñafort declaró que “todo ello está plasmado en la Resolución 65/2014 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, de fecha 7 de octubre de 2014. Pero pasaron cosas… Una de las cosas que pasó es que Clarín compró la empresa Telecom a través de Cablevisión”.
Luego, la ex letrada de la AFSCA indicó que el Grupo Clarín “jamás podría haberla comprado, porque la ley exigía que quien daba servicios de cable (Cablevisión) no podía al mismo tiempo dar servicios de telefonía (Telecom). Esta prohibición fue una de las que derogó Macri apenas asumió, cuando dictó el decreto que derogó la Ley de Medios”.
Tras ello, la abogada relató que “otra de las cosas que pasó es que la empresa de Vila, Arlink S.A. NO cumplió con el pago al Estado Nacional de las frecuencias al que se había comprometido cuando participó en el concurso”.
Prosiguiendo con el relato pormenorizado de los hechos, Peñafort explicó que “casi un año después, el 2 de septiembre de 2015, la adjudicación a Arlink de frecuencias de telefonía celular fue dejada sin efecto con el dictado de la Resolucion 155/2015 de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), que determinó dejar sin efecto la adjudicación a favor de Arlink”.
La abogada puntualizó entonces que “Vila, que no había pagado ni un centavo por esas frecuencias, interpuso una medida cautelar para intentar que nadie más pudiese quedarse con el resto del espectro que acababa de perder por NO PAGAR lo que se había comprometido a pagar cuando participó del concurso”.
Enseguida, Graciana Peñafort comentó jocosamente –aunque no tanto- que “siguieron pasando cosas. Una de ellas es que Vila consiguió que la Cámara Federal de Mendoza -¿cuándo no?- le diese una cautelar (causa N° 35795/2015) en la que se ordenó la prohibición de innovar sobre el espectro. Pero señalo que la cautelar llegó tarde para Vila”, aclaró.
Profundizando sobre la materia, la exletrada de la AFSCA señaló que “llegó tarde porque el 4 de noviembre de 2015 se dictó la ley 27208 (de Desarrollo de la industria Satelital) y el espectro que había sido revocado a Arlink, fue asignado a la empresa Arsat (art. 11). Y su destino por ley era para Protección Pública y Operaciones de Socorro y también para atender las zonas de mayor vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en asociación con Licenciatarios de Servicios de TIC que tengan el carácter de Municipalidades, Cooperativas, Sociedades del Estado, como se lee en el artículo 12 de la ley”.
En este sentido, Peñafort explicó que “la ley 27208 exigía que para cambiar el destino de esas frecuencias se requería autorización del Congreso. Y no cualquier aprobación, sino que debía ser hecha con los 2/3 de los miembros del congreso (art.14)”.
Así, precisó que “para poder darle a otra empresa las frecuencias de ARSAT, Macri necesitaba varias cosas. Una de ellas era arreglar con Vila su cautelar. Por eso le hizo una denuncia penal, por la cual Vila, para safar, tuvo que suscribir un acuerdo en el 2017”.
De esta manera, la abogada explicó que “ahí está la extorsión que denunció Daniel Vila anoche en Animales Sueltos. Verán que tampoco Vila era dueño de esas frecuencias. Y Vila no era dueño porque pretendió quedarse con ellas sin pagar. Frecuencias que son propiedad de todos y que administra el Estado Nacional y que por ley están asignadas a la empresa estatal. Concepto que no entienden ni Vila ni Macri, por lo que se ve.
Luego, para explicar el accionar de los protagonistas de esta controversia, Peñafort puntualizó que “lo otro que necesitaba Macri para poder vender las frecuencias de ARSAT era una ley que le autorizase a sacárselas a ARSAT, ley que claramente no iba a salir. ¿Y qué hizo Macri entonces? El 18 de enero de 2019 dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia: Decreto 58/2019. Para disimular semejante tropelía sacó en esos días el inconstitucional decreto de extinción de dominio (62/2019) y muchos se distrajeron discutiendo ese decreto. Pero, mientras tanto, el plan de Macri para quedarse con las frecuencias de ARSAT, avanzaba”.
Continuando con la apasionante historia, la letrada devenida en historiadora relató que “Macri dispuso, no sólo quitarle a ARSAT las frecuencias que tenía asignadas por ley para fines públicos, sino que además dispuso que como mínimo el 20 % de esas frecuencias debían ir a operadores privados!!!!!!!!!!”.
Para culminar la parábola, Peñafort señaló que “este caso es un buen ejemplo de como actuó el macrismo cuando se trató de negocios. Extosionó, armó causas, sacó decretos de necesidad y urgencia, dispuso de los bienes del estado como si fuera para desguace y jamás cuidó el interés público, sólo el privado, el de unos pocos”, se escandalizó.
Luego, la exabogada de AFSCA aclaró “que me solidarizo con Daniel Vila por la extorsión que sufrió. Supongo que con el tiempo nos enteraremos de más casos de empresarios extorsionados por Macri para que unos pocos hagan negocios. La razón última de Macri. Y la desvergüenza primera del presidente”.
Adentrándose en materia jurídica, Peñafort se esperanzó en que “también nos enteraremos como sectores del Poder Judicial colaboraron con estas maniobras, armando causas a pedido del gobierno macrista y luego cerrándolas cuando Macri conseguía lo que quería”.
Picante, la letrada señaló luego que “eso es lo que contó Vila anoche en TV. Y a diferencia de las fotocopias de los cuadernos, las sentencias quedan escritas y no se queman. Porque las tropelías del macrismo no hubiesen sucedido sin la colaboración de sectores del poder judicial. Que fue de todo menos independiente”.
Finalmente, construyendo doctrina sobre el caso, Peñafort expresó que “para concluir, quiero decir que el hecho que Daniel Vila haya sido extorsionado por Macri lo convierte en víctima del macrismo, pero NO lo convierte en propietario de frecuencias que nunca pagó y que pertenecen por ley del congreso al Estado Nacional”.
Polémico final, aunque muy bien fundamentado jurídicamente. Teléfono para el Gobierno que asumirá el diez de diciembre próximo. Si continuara en el poder el oficialismo, debería revisar lo actuado. Si el triunfador es un gobierno opositor, quizás debería replantear todo comenzando por anular lo actuado por fuera de la ley.
