?Los talleres clandestinos, sometimiento de menores en la prostitución y tráfico de drogas. Todo ese mundo de la coima que cubre y hace que esto sea posible?. Estas contundentes palabras fueron del cardenal primado y arzobispo de la Ciudad, Jorge Bergoglio, en plena plaza Constitución hace un mes. Desde entonces Noticias Urbanas indagó sobre ese mundo que hace lícito lo ilícito.
Los que habilitan, los que inspeccionan ?o deberían hacerlo- y los que levantan las clausuras conviven en la recientemente
estrenada sede del edificio de Perón y Ecuador, justo enfrente
de la terminal del ex Ferrocarril Sarmiento. Dentro de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) el Jefe de Gobierno confluyó a estas áreas, que, a pocos días de inaugurar sus nuevas oficinas, sufrió un importante incendio que llenó de humo picante a Once. Aunque ese fuego no pudo extinguir las sospechas de corrupción que pesan sobre su funcionamiento.
La abogada Vanesa Berkowski comanda la Dirección General
de Fiscalización y Control (DGFyC). Ella controla el cuerpo de inspectores. ?Nos llegó una inspección a los pocos días de tu nota sobre los kioscos que venden alcohol?, reveló una comerciante de Once, refiriéndose a un artículo publicado en Noticias Urbanas el pasado 24 de septiembre.
?Pero al local de Rivadavia 3001, que es el denunciado en la
nota, no fueron?, agregó la mujer que, por temor a represalias, se niega a dar su nombre. Esto no es nuevo. ?Berkowski nos mandó una inspección al otro día de que con tres diputados nacionales, entre ellos una macrista, y la Defensoría del Pueblo, le presentamos los datos de 27 prostíbulos donde además se comercializan drogas bajo la habilitación de bares o whiskerías?, afirmó Gustavo Vera, referente de la organización La Alameda.
Por su parte, la diputada nacional Fernanda Gil Lozano, que
formó parte de la comitiva antiprostíbulos ?prohibidos tácitamente por una ley nacional? que se reunió con Berkowski, recordó el actuar de la funcionaria: ?Nosotros teníamos intención de juntar voluntades políticas para investigar, pero al otro día ella mandó inspectores a La Alameda, la organización que más compromiso ha tenido en erradicar la esclavitud en los talleres textiles y la explotación sexual. Acá no hay inocencia. Esto es una caja negra y aparecen pseudobares donde se vende droga, hay víctimas de trata y explotación sexual. En esa reunión, Berkowski
decía que no se podía hacer nada. Es increíble que de los 100
prostíbulos no encontrara ni una cucaracha. Fuimos a preguntarle acerca de las habilitaciones solamente y nos respondió que inspeccionaba los matafuegos?.
Los familiares de las víctimas de República de Cromañón
también se refirieron a Berkowski. El abogado José Iglesias denuncia: ?Es un personaje singular. Ella, en la noche del 31 de diciembre de 2004 y el 1 y 2 de enero de 2005, participó con sus amigos y colegas, hoy condenados, en un proceso que culminó en ocultamiento de documentación. Su evidencia más destacable es la caja azul que desapareció con expedientes y que cuando fue conveniente apareció. Es paradójico que ella tenga el control. Pero para subrayar
lo alegórico de esto, el órgano de control se mudó frente a Cromañón?, contó a Noticias Urbanas Iglesias, padre de un chico fallecido y querellante en el juicio oral que condenó a dos funcionarios porteños y absolvió a uno de ellos, justamente el encargado directo de los inspectores que nunca inspeccionaron el boliche ni su habilitación en 2004.
LAS "SALADITAS" SIN HABILITACIÓN
Dos nuevas y grandes ferias de indumentaria rodean a la plaza Miserere y funcionan en la ilegalidad. Una de ellas se denomina Textirama y pertenece a Rafael Levy, el dueño real de Cromañón. Desde el Gobierno reconocieron que Textirama no cuenta con habilitación. Pero ?si abre, lo clausuramos?, dijo Eduardo Hulton, prensa de la AGC.
Previamente, Textirama había sido clausurado por no tener permiso de obra, pero luego la administración PRO se la extendió. Esta ?saladita? está ubicada en la misma manzana del lugar que ocupaba el boliche Cromañón y tiene dos entradas. Una, es por la avenida Rivadavia, a metros del hotel Leblón ?que figura como hotel de pasajeros cuando
en realidad funciona como albergue transitorio? y la supuesta
whiskería (y verdadero prostíbulo) Quatro Cat?s. El otro ingreso es por Ecuador, pegado a un cine porno. Estos comercios son propiedad de los empresarios Rafael ?Lito? Levy y Raúl Vengrover.
Precisamente, Levy estará sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público por la muerte de 194 personas en el boliche Cromañón. Él controló ese comercio mediante las empresas off shore, o sea sociedades radicadas en paraísos fiscales que le permitieron ocultar su identidad. Las mismas que siguen obteniendo permisos ante las oficinas del Ejecutivo porteño. La otra ?saladita? es Once Elefantes. En la Rioja e Hipólito Yrigoyen abre todos los días, sin importar que no tenga habilitación definitiva. Reiteradas denuncias han hecho en ese sentido los vecinos de la Asociación Vecinal Balvanera al Sudoeste (Balsud), y también ?por sus planos que no coinciden con lo construidos y por presunto robo de energía eléctrica?, confió a este cronista la agrupación que sigue el caso, denunciándolo ante la Defensoría del Pueblo porteña y la fiscalía Sudoeste, a cargo de Sandra Guagnino.
Balsud logró una clausura a comienzos de este año, que luego
fue levantada. La fiscal Verónica Andrade, ?por violación reiterada de clausuras?, imputó a Norberto Lambert, que figura como gerenciador de Once Elefantes, pero luego lo benefició con una probation. Once Elefantes es una alianza que dice demasiado: empresarios textiles coreanos y talleristas bolivianos y peruanos provenientes de la narco-villa del Bajo Flores. Norberto Lambert, la cara visible de la sociedad, es quien visitó a sus opositores del barrio. Encaró a quien preside Balsud, Leonardo Dattoli, y le dijo que en Once Elefantes habrá 140 puestos, mientras que en la Defensoría del Pueblo figura un plano oficial con 51 puestos en planta baja y 28 kioscos.
Desde la Justicia porteña aseguraron que los planos de obras no fueron aprobados aunque cuente con permiso de obra. Los dueños de Once Elefantes no están identificados. Se protegen detrás de la empresa Cordai S.A. Mientras que Lambert se presenta como su gerenciador con respaldo de legisladores macristas. Gustavo Vera, que milita y vive en el barrio de Parque Avellaneda, conoce a Lambert mucho antes de su llegada al barrio de Once.
?El tipo era un clásico puntero que cambiaba siempre de partido. Era reconocido porque andaba por todas las ventanillas de Desarrollo Social. Después se juntó con los fabricantes coreanos y talleristas de la villa del Bajo Flores. Primero crearon sus marcas en la calle Avellaneda para después vender mediante saladitas en Once.?
La conexión entre narcos del Bajo Flores, la industria textil y Once no es una ficción. Se evidencia recorriendo el barrio, como realiza este medio hace semanas, y se confirma con las revelaciones de quien fuera abogado de un capo de la droga.
?Siempre estuvo más preocupado por el tema de la ropa que por lo otro?, porque ?le entraba mucho más dinero con eso que con la droga?, señaló en una entrevista publicada por la Agencia Nova el penalista Nicolás Malpeli, quien asesoró legalmente a Marco Antonio Estrada González, alias Marcos, conocido narcotraficante del Bajo Flores. Según Malpeli, Marcos se instaló en la Argentina en los 90: ?Vino como ayudante de albañil y después se dedicó a lo textil. Trabajaba bien en la feria de la Salada todo lo trucho. Fijate Once: primero lo manejaron los judíos, después los coreanos y, hoy por hoy, lo controlan los peruanos?. Añadió Malpeli: ?Marcos regenteaba talleres textiles en el Once, lo que le servía para emplear a peruanos que ingresaban al país ?cargados? de droga?.
Los vecinos han denunciado talleres textiles clandestinos ante la fiscalía de Guagnino y Defensoría. También Noticias Urbanas dio cuenta en ediciones previas de lo que ocurre en el inhabilitado bar y hotel Cañonero, que regentean ciudadanos peruanos con cuatro causas federales por drogas en su contra. De hecho se produjo un tiroteo este domingo en ese lugar. Hiriendo al líder del Cañonero.
LOS "LEVANTA CLAUSURAS"
?Los controladores han levantado clausuras de prostíbulos que hasta tenían intervención de la Justicia federal?, reveló en off de record un cuadro medio del gobierno macrista, admirador del jesuita Bergoglio. Esas palabras quedan corroboradas con información oficial a la que accedió NU.
El prostíbulo I Qué, ubicado en Brasil 1347 e inspeccionado
16 veces, tuvo dos clausuras y las mismas fueron levantadas
por los controladores Nº 55 y Nº 18. Una peluquería, que funciona como bar, en Santiago del Estero 1447, fue clausurada el año pasado pero siguió funcionando gracias al controlador Nº 65. Corralito Pub, famoso prostíbulo cercano al Departamento Central de la Policía Federal, que hasta fue allanado por Gendarmería por orden de la Justicia, fue beneficiado con el levantamiento de clausura por el controlador Nº 72. Allí fue asesinado un hombre y tuvo permanente custodia de la gendarmería. En Constitución, lo que fue el centro de operaciones de la mafia de dominicanos, San Juan 1338, pegado al Indec de la Ciudad y con su patio lindero a la Comisaría 16ª, dieciocho veces inspeccionado,
tuvo al controlador Nº 60 de su lado, que le levantó la clausura.
Por Kaskote, sobre la calle Salta, a una cuadra y media de Avenida de Mayo, el controlador Nº 59 salió a su favor. A Las Caribeñas, pese a la denuncia penal en su contra y con un total de 19 inspecciones, el controlador Nº 9 levantó su clausura. El Padrino (O?Brien 1231) también tiene una clausura levantada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF). No solo los notorios prostíbulos, focos de la trata de personas y esclavitud sexual cuentan con beneficios
pese a estar prohibidos.
José Iglesias contó que ?el boliche Cemento también tuvo el beneficio de un controlador de faltas que levantó una clausura. Esto pasó en 2004, antes de la tragedia de Cromañón. Es que el lugar no tenía certificado de incendios cuando fue inspeccionado pero presentó uno que era del año 2000 y pagó una multa de 50 pesos. Cemento, de hecho, funcionó hasta el 30 de diciembre de 2004?.
Hasta los cartoneros se cruzaron con los apodados ?levanta
clausuras?. Juan Grabois, abogado y referente del MTE, informó a NU: ?El controlador Nº 22 Leonardo Villariño, cuando lo fuimos a ver por retener un camión de cartoneros que necesitaban para trabajar, no hizo más que violentarse. Se levantó de su escritorio y me dijo ?tomátelas o te cago a trompadas?. Luego de la discusión que obviamente siguió a esta amenaza, recibí otra de ?cuando salga te mato?. El controlador llamó al personal de seguridad y cuando yo me estaba retirando acompañado de un policía, dijo: ?Si los cartoneros no tienen para pagar la multa, que salgan a robar??.
HABILITAR LA ILEGALIDAD
El máximo responsable de las habilitaciones es el director General de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell. Este funcionario tiene la potestad de retirar una habilitación en caso de que se tergiverse su legal actividad. Claros ejemplos son los prostíbulos de Monserrat, sobre la calle Salta y Santiago del Estero, que ostentan la plancheta de habilitación como bares. Por el lado de la Justicia, el fiscal general Germán Garavano no ha predicado con el ejemplo. Ningún fiscal aplicó la inhabilitación de locales fraudulentos, como señala el artículo 34 del Código Contravencional y de Faltas.
Mientras que no es tenida en cuenta la resolución de su par nacional, Esteban Righi, que promovió recientemente a los fiscales nacionales ?aplicar el artículo 17 de la Ley 12.331 (prohibición de casas de tolerancia) y concretar con la agencia municipal del distrito la clausura del local (que funcione como prostíbulo) y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación?.
