Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión del 2004 de la Comisión de Seguimiento de la Ley 324 sancionada por la Legislatura porteña en 1996 para darle una solución a las familias que, desde hace años, ocuparon los inmuebles que fueron expropiados durante la intendencia de Osvaldo Cacciatore para construir una autopista que finalmente no se realizó.
En el encuentro, que se efectuó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, estuvieron presentes Gustavo Varela, en representación del Instituto de la Vivienda; la subsecretaria de Planeamiento Urbano, Margarita Charrierre; Andrea Caterazzi en representación del secretario de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad, Roberto Feletti; la subsecretaria de Gestión Social y Comunal, Cristina Chiste, y el director general de administración de bienes del Gobierno porteño, Federico Zugasti; entre otros.
También asisieron los diputados Carlos Betti, Sergio Molina, Mirta Onega, Beatriz Baltroc, Diego Kravetz y Alicia Bello, y la presidenta de la Comisión de Vivienda, Sandra Bergenfeld, quien presidió la reunión.
El Programa Recuperación de la Traza de la ex AU3 fue puesto en marcha por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con lo estipulado en la Ley 324. El coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación de la Traza de la ex AU3, Alejandro Van de Casteele, brindó un detallado informe sobre el avance del programa. El funcionario expuso lo actuado desde la última reunión de la Comisión de Seguimiento a la fecha y el plan de acciones para el año en curso.
Sin embargo, los vecinos presentes aseguraron que este plan viene prometiéndose desde hace tres años y que la Unidad Ejecutora tiene graves problemas de gestión. Estas apreciaciones se multiplicaron y endurecieron a lo largo de toda la reunión, intercaladas por tibias y vagas explicaciones de los funcionarios.
Entre los tantos casos planteados, puede mencionarse el de Carmen Lenosi, quien desde hace más de dos años está solicitando la tasación de la casa que habita en Córdoba 6520, y no tuvo aún una respuesta por parte de la Unidad Ejecutora.
Arlengo Rivero, por su parte, sostuvo que "es muy lindo el informe que presentó Van de Casteele, pero no se corresponde con la realidad. Hace más de tres años que nos vienen diciendo esto. Nosotros necesitamos que, de una vez por todas, se cumpla con la ley. Que se nos den una respuesta habitacional".
Otros de los vecinos presentes coincidieron en que "si se hubieran dado respuestas en el momento, la situación no iría en aumento, porque las familias que había en una primera instancia se han reproducido y ahora también están en la misma situación. Además, muchos de los pocos edificios que han sido desocupados se han intrusado nuevamente. Si esto no tiene una solución rápida y concreta, es una historia de nunca acabar".
Luego de escuchar todos los testimonios y las aclaraciones de los funcionarios invitados se decidieron una serie de puntos a aclarar para la próxima reunión. Entre ellos, la elección de nuevos delegados de los vecinos, algo que debe realizar el Ejecutivo porteño.
LEY 324
La normativa establece cuatro procedimientos para arribar a la solución habitacional. El primero es la entrega de créditos hipotecarios amortizables a 20 años -a una tasa máxima del 4 por ciento anual- para la compra, recuperación o construcción de viviendas en inmuebles ubicados fuera de la traza, que no sean del Gobierno de la Ciudad.
El segundo, es la entrega de idénticos créditos pero para la compra de los inmuebles ubicados dentro de la traza, dándole prioridad a sus actuales ocupantes. En este caso, la tasa anual fue reducida al cero por ciento por una resolución de la Unidad Ejecutora, publicada el 24 de abril de 2003.
La tercera alternativa es la venta de los inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad ubicados dentro de la traza -y no afectados a la construcción de obras públicas- para la edificación de viviendas multifamiliares, financiadas en las mismas condiciones que en la primera alternativa. En este caso los beneficiarios pueden elegir si la construcción la realiza la CMV o la hacen ellos mismos por mecanismos autogestionados, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones sin fines de lucro.
La cuarta opción es la entrega de subsidios, en lugar de préstamos, a las personas en estado de extrema pobreza, para la autoconstrucción o recuperación de viviendas económicas. También establece la posibilidad de otorgar "un comodato de por vida en inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad" a los mayores de 60 años que se encuentren en las mismas circunstancias.
