El Gobierno de Aníbal Ibarra envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley en el que solicita la declararación de la emergencia económica y, además, el otorgamiento de facultades especiales para enfrentarla. El plazo que piden para la emergencia es de un año, prorrogable por uno más, por el propio Poder Ejecutivo en este caso, con prescindencia de la Legislatura.
En el proyecto -que consta de cuatro páginas en su parte resolutiva- el Ejecutivo porteño no se priva de nada. Además de la declaración de la emergencia, solicita en primer lugar la creación del Fondo de Emergencia Social y de Infraestructura que manejaría el Jefe de Gobierno; pide también que se los autorice a saltearse los procedimientos necesarios (normas vigentes) para las compras y las contrataciones de bienes y de obras públicas; quieren además que se les permita revisar los contratos con los proveedores y suspender la ejecución de contratos de obras y servicios. No contentos con todo ésto, el Gobierno quiere que se lo autorice a disponer libremente de las ganancias de las empresas en las que interviene la Ciudad, para que se las integre a al Fondo de Emergencia Social y de Infraestructura. Los hombres del Gobierno de la Ciudad se reservarían también el derecho de "crear, autorizar y reglamentar juegos de apuestas".
Los funcionarios de Ibarra quieren también la autorización para vender los inmuebles "innecesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión". De todos modos, como siempre ocurre en estos casos, el Gobierno va a seguir pagando "todos aquellos contratos financieros y los firmados en virtud de la ejecución de préstamos otorgados por organismos bilaterales o multilaterales de crédito". El ajuste será -indudablemente- para todos, menos para el sector financiero.
Por otra parte, también quiere la gente del Ejecutivo que se le permita "diferir el pago de aquellas sumas no remunerativas" de los salarios del personal y de los honorarios de los contratados. Seguramente una de las medidas más polémicas de las que solicita el Gobierno de Ibarra es que en las partidas de personal se los autorice "a realizar cambios en la distribución de funciones". Pero luego el proyecto avanza en el terreno de la precarización laboral, al solicitar que se autorice "al Poder Ejecutivo a efectuar adecuaciones de las plantas de personal y a adoptar las medidas administrativas necesarias para implementar la transferencia de personal entre entidades y jurisdicciones del sector público". En buen romance, esto significa que podrán despedir personal y disminuir salarios.
Finalmente, el Gobierno quiere que el parlamento porteño lo autorice a "postergar por el término de 365 días el pago en toda sentencia judicial que pudiera dictarse en contra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Todo esto sin control legislativo aunque se le pida a ese cuerpo con urgencia su aprobación. Es cierto que se la recaudación ha caído en la ciudad el último mes alrededor del 50%, pero si la Capital Federal pide -con el triste recuerdo de los anteriores superpoderes- este regimen especial, que le queda al interior profundo de nuestro país que ve esta ciudad como si fuera Montecarlo.
