En una resolución la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires le pidió al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que "disponga lo necesario" para revisar los acuerdos de becas suscriptos con la Universidad de Buenos Aires (UBA) que prevean la transferencia de fondos sin contralor.
Además, en la misma resolución, también se recomienda al procurador General de la Ciudad de Buenos Aires que disponga la instrucción de un sumario tendiente a determinar si se incurrió en responsabilidad administrativa o patrimonial al haberse omitido controlar la efectiva prestación de servicios por los pasantes que debieron haber colaborado en diferentes áreas del ejecutivo porteño.
El 5 de noviembre pasado, Enrique Rodríguez Chiantore, consejero por el claustro de graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, denuncio que cuando la Auditoria General de la Nación realizó su habitual análisis de las cuentas públicas -entre los meses de agosto y diciembre de 1999-, la UBA se negó a brindar información respecto de los fondos que provienen de las jurisdicciones que no pertenecen al presupuesto nacional.
Una de estas partidas no provenientes del presupuesto nacional es la que destinó el Gobierno porteño en el marco de un convenio de colaboración. Los fondos destinados a cubrir los servicios por los pasantes en las distintas secretarías del Gobierno porteño, superarían los 23 millones de pesos entre los años 1999, 2000 y 2001, según expresan en la Defensoría.
En base a estos números, la Defensoría del Pueblo comenzó a realizar un relevamiento de los fondos utilizados y para ello pidió informes a las distintas secretarías implicadas. Sin embargo, muchas de ellas todavía no se dieron por aludidas pese a tener la obligación de brindar toda la información pedida por la Defensoria.
"La información recopilada -expresa la Defensoria del Pueblo porteña en su resolución- permite advertir que ha sido anómala la transferencia de fondos efectuada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos durante 1999 pues se transfirieron $63.767 en concepto de pasantías cumplidas en el proyecto 37 Higiene Urbana y la Directora General de dicha repartición informó que durante ese año se requirió a la UBA una auditoría respecto de esa Dirección General y un Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Clasificadora de Residuos elaborado por el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA cuya erogación ascendió a $14.167. De ello se desprende que, aunque se ignora el costo de la auditoría efectuada a la Dirección General dicha tarea no debió ser remunerada con dinero destinado a los pasantes, siendo, además, claramente excesiva la suma de casi $50.000 para dicha supuesta auditoría".
