En una sesión atípica, en donde los despachos eran aprobados sin más discusiones que las necesarias, el legislador porteño Fernando Caeiro tuvo que salir a defender su proyecto de canje de armas por alimentos, porque el resto de los diputados se precipitaron a expresar su opinión contaría a la aprobación de esta ley.
Ni bien la presidenta de la Legislatura, Cecilia Felgueras, anunció el tratamiento del despacho 1140, denominado "Menos armas por más seguridad", el número de diputados que habitualmente se anotaba para expresar su opinión se multiplico. El primero en cuestionarlo fue Santiago De Estrada, quien argumentó que "en un momento en que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires están reclamando más seguridad, la respuesta que se les da desde la Legislatura es que entreguen las armas, por supuesto que es bueno que los vecinos no estén armados, pero me parece que aprobar hoy nada mas esto, sin brindar una alternativa de mayor seguridad, va a ser tomado muy mal por nuestros representados. Si bien es cierto que no depende la policía de la ciudad, ésta no puede aprobar solamente este proyecto porque me parece insuficiente, por lo tanto propongo que este proyecto vuelva a la comisión y, concuerdo con lo que dijo Ariel Shifrin, que como implica una partida presupuestaria, también sea girado a la Comisión de Presupuesto (y Hacienda) para su discusión".
Izquierda Unida no quiso perder su oportunidad de cuestionar un proyecto así, y fue su presidente Patricio Echegaray, quien dijo que "el aumento de los delitos contra la propiedad, se debe a la desigualdad de ingresos, es causa del enriquecimiento de unos pocos. En cuanto al proyecto en sí es impracticable, el valor de canje es demasiado elevado ya que estimula la sustracción de las armas para luego canjearlas y cobrar el certificado. Yo recomendaría que lo que se pague esté por debajo del precio que tiene esa arma en el mercado negro, y que el plazo que dure el programa sea breve. En realidad el proyecto de Caullier (Pablo, Acción por la Republica) fija 180 días. Además el proyecto tiene una gran dificultad que son las sanciones para los que entreguen armas no registradas. Es una ley federal la que impone una multa de entre mil y nueve mil pesos para el infractor, entonces salvo que el arma sea muy especial y valiosa, no conviene entregarla. Por estos motivos, el bloque de Izquierda Unida votara negativamente".
Ante estas dos intervenciones polémicas, Caeiro salió a tratar de replicar los cuestionamientos diciendo: "no voy a aceptar una vuelta a comisión porque creo que la ciudad debe sancionar esta hoy, aunque obviamente no creo que sea la solución al problema, sino un paso adelante para llegar a estar mejor".
Por último, y antes de que se cayera la sesión por falta de quórum, el diputado Lucio Ponsa Gandulfo abrió la polémica al presentar su tesitura de que "las armas salvan vidas", y que por ejemplo si el Juez Bonadio no hubiese estado armado hoy no estaría vivo – refiriéndose al enfrentamiento que tuvo el juez federal hace un par de semanas con supuestos delincuentes -. Frente a esta opinión la legisladora radical Gabriela Gonzáles Gass tan sólo alcanzo a decir que el enfrentamiento que menciona Ponsa Ganulfo todavía no está del todo aclarado porque la trayectoria de las balas genera dudas entre la policía. A Ponsa Gandulfo poco le importó esta intervención y replicó que de todos modos, Bonadio estaría muerto. El diputado también cuestionó la labor de los funcionarios de la Secretaría de Justicia y Seguridad de la Ciudad, expresando que no se le puede pedir a la población que se desarme cuando aumenta la inseguridad, además considero que si el subsecretario de seguridad, Eduardo Thölke dijo que no se puede garantizar la seguridad como hace 50 años es porque estos funcionarios son ineficientes.
El programa de canje de armas por alimentos, medicamentos, materiales de construcción, propuesto por Caeiro, está basado en otro que se aplicó en la provincia de Mendoza.
Para poder aplicar este programa en la Ciudad de Buenos Aires los encargados de reglamentar la ley, en caso de que se apruebe el proyecto, tendrán un trabajo bastante arduo para adaptar las reglamentaciones. La Ciudad de Buenos Aires no tiene policía, ni registro provincial de armas -utiliza el nacional -, tampoco cuenta con una justicia penal que colaborar.
El éxito de Mendoza fue relativo ya que la existencias de denuncias de que armas que habían sido entregadas en el canje habrían aparecido luego en allanamientos, genero desconcierto y desconfianza entre la población.
En cuanto a estos temas, el director general de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito del Gobierno de la Ciudad, Claudio Suárez, explicó que "no se puede obviar de la Policía Federal en cuanto que es ella la que se ocupa de garantizar la seguridad en el distrito", aunque él trataría de que no fuesen policías los que realicen la recolección del armamento. Tampoco estaría de acuerdo en que se cree un cuerpo especial para realizar estas tareas ya que este programa duraría poco tiempo.
Entretanto ante la objeción del diputado Echegaray sobre la reglamentación federal sobre las armas no registradas, Suárez manifestó que habría que realizar un convenio con el Ejecutivo nacional. No cree que existan mayores dificultades sobre este tema ya que si las armas no registradas serán destruídas, no existirían problemas con la justicia nacional.
Básicamente Suárez considera que si bien el proyecto no va a solucionar la problemática de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires," si se implementa correctamente y no se desvirtúa el programa, puede llegar a reducir la cantidad de armas que hay en el mercado, lo cual no sería poca cosa".
