Mónica Almada, presionada por distintos sectores políticos de la Capital Federal, debió renunciar hace el lunes pasado a su cargo de directora del Banco Ciudad. La funcionaría había cancelado un plazo fijo de 314.600 dólares a las 20 horas del viernes 30 de noviembre último, apenas dos días antes de que el ex ministro Domingo Cavallo anunciara el "corralito financiero" y solamente dos días después de haber efectuado el depósito. La normativa del Banco Central establece que el plazo mínimo para imponer un plazo fijo y luego cancelarlo, son 30 días.
Pero la ex funcionaria radical, tendrá que afrontar, además de la pérdida de un salario de quince mil pesos mensuales más la participación en las ganancias del banco, la investigación del juez Federal, Claudio Bonadio, a quien le pareció sospechoso que Almada retirara su dinero a las 20, argumentando que lo hizo para comprar un departamento, cuando esta clase de operatorias no se realizan durante el fin de semana.
Bonadío intenta determinar si Almada contó con información confidencial para retirar su dinero con tal apuro. El magistrado incluso estaría dispuesto a acceder al requerimiento de los fiscales federales Guillermo Marijuan y Oscar Amirante de exigir a las empresas telefónicas que informen al juzgado sobre las comunicaciones que recibió la ex funcionaria el 30 de noviembre, para determinar quien pudo avisarle sobre las medidas económicas que se venían.
El director de Investigaciones Manuel Garrido de la Oficina Anticorrupción, es quien inicio la causa a través de una denuncia. Los fiscales piden que se cite a indagatoria a Almada bajo los delitos de "acción pública".
El magistrado ordenó hoy la realización de un procedimiento judicial con el fin de secuestrar las actuaciones administrativas efectuadas en el Banco Ciudad, además, Bonadío citó para mañana al director del Banco Ciudad, Roberto Feletti, a una declaración testimonial.
