Por medio de la Resolución N° 43, que fue emitida el 25 de febrero pasado, el Consejo de la Magistratura porteño decidió suspender a tres altos funcionarios administrativos -Norberto Urfeig, Elena Nancy Álvarez y José Francisco García Mira- por su actuación en la compra irregular de los edificios situados en Tacuarí 138 e Hipólito Yrigoyen 932, que estarán destinados en el futuro al funcionamiento de la Justicia de la Ciudad.
Los hechos que se les atribuyen a los funcionarios van desde informes inmobiliarios "falsamente atribuidos al Banco Nación"; a la "omisión de formar expedientes" para la compra de los edificios; el pago de comisiones a agentes inmobiliarios que no eran tales y la travesura de no convocar a los tasadores del Banco Ciudad, tal como lo establecen las normas de compras del Estado.
Además, los sancionados -en especial el director general de Ejecución Presupuestaria, Norberto Urfeig- justificaron la omisión de algunos pasos legales, aduciendo "motivos excepcionales" -escasez y urgencia- para adquirir en forma directa los inmuebles mencionados. El Consejo consideró que hubo una "insuficiente fundamentación" de estos motivos excepcionales, además de que se gastaron "muy elevadas sumas" en las compras de los inmuebles.
Junto con los informes inmobiliarios falsamente atribuidos al Banco Nación, el Consejo de la Magistratura encontró "otros informes o tasaciones cuya autenticidad fue desconocida o pertenecen a inmobiliarias cuya existencia no pudo ser comprobada", agravando la situación procesal de los imputados.
La compra del inmueble de la Hipólito Yrigoyen 932 fue el motivo de varias irregularidades, además de la insuficiente justificación de su urgencia. En primer lugar, no se formó -inexplicablemente- ningún expediente con los documentos de la compra. Pero lo más grave fue que los consejeros pudieron comprobar que se le abonó una comisión al señor Ernesto Enrique Zwanck, que "no pudo ser identificado como agente inmobiliario". Además, en el caso del pago de ésa y otras comisiones, los consejeros llegaron a la conclusión de que incluían "el Impuesto al Valor Agregado, cuando la posición de los destinatarios del pago frente a la A.F.I.P. era la de ‘responsable no inscripto’ y entregaron facturas ‘C’, lo que significó un beneficio sin causa para aquéllos".
Finalmente, los consejeros llegaron a la conclusión de que Urfeig participó en forma decisiva en ambas operaciones; de que García Mira emitió dictamen sin formular observaciones al procedimiento de compra, que fue tomado como base para la aprobación de la adquisición del inmueble por el Plenario. Elena Alvarez, por su parte, intervino en la efectivización de los pagos por ambas operaciones, "y en particular en los pagos irregulares a los supuestos intermediarios".
Por estas razones, el Consejo de la Magistratura resolvió "suspender preventivamente sin goce de haberes desde el día de la fecha y hasta que recaiga resolución definitiva en los sumarios N°121/03 y 122/03" a Norberto Urfeig, a José García Mira y a Elena Nancy Álvarez., tesorera del organismo
Además, dispusieron agregar una copia certificada de esta Resolución "en los sumarios N°121/03 "Denuncia sobre compra inmueble Tacuarí" ; y N°122/03 "Denuncia sobre compra inmueble Hipólito Irigoyen 932". También decidieron la ampliación del plazo fijado para la instrucción de ambos sumarios en 20 días hábiles a partir de la notificación a los sumariados.
Las denuncias que dieron origen a esta investigación fueron realizadas por la diputada Alicia Pierini (PJ), quien además solicitó una investigación judicial, que se sustancia actualmente en el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 12, a cargo de Ricardo Warley. Hasta el momento, el juez ha manejado la causa con una ostentosa parsimonia y permanece inmutable. Ni siquiera el cambio de autoridades, que con esta resolución avala de alguna manera la presunción de irregularidades, lo motivó para acelerar la investigación.
