El proyecto aprobado en la Legislatura de la Ciudad fue impulsado por el diputado del bloque unipersonal, Acción Demócrata, Atilio Alimena y se basa en obras realizads en el Hipódromo de Palermo que no tienen la correspondiente autorización del gobierno porteño, porque, según Lotería Nacional, no la necesitan a raíz de que los terrenos pertenecen al Estado Nacional.
Las reformas edilicias en el Hipódromo de Palermo abarcaron la demolición de 2 mil metros cuadrados, catalogados como área de Protección Histórica (APH), mientras que se están edificando casi 3 mil metros cuadrados que no cuentan con el correspondiente permiso.
"Es una flagrante violación al Código del Planeamiento Urbano", agrego Alimena. Las tribunas demolidas daban sobre la Avenida del Libertador y "es realmente sorprendente pensar que nadie de Obras y Catastros (del Gobierno de la Ciudad) haya visto nada durante un año", que fue el tiempo que tardaron en tomar acciones, sobre todo a partir de las denuncias de los vecinos.
A fines de 1999, la empresa concesionaria hizo la denuncia de obra para restaurar estas edificaciones, pero recién un año después las autoridades percibieron que algo estaba pasando y meses después decidieron clausurarlas.
Curiosamente, pese a que la iniciativa en la controversia debería haber partido del Gobierno de la Ciudad, fue la empresa concesionaria quien inició acciones judiciales a partir de la clausura dictaminada por las autoridades de Obras y Catastros.
Alimena interpreta que hubo fallas en el procedimiento administrativos y por lo tanto la jueza interviniente levantó la clausura dispuesta sobre estas obras. El Ejecutivo de la Ciudad apelóesta medida.
Con respecto a la actitud del Gobierno Nacional, Alimena dijo que "no nos reconocen la autonomía, ni la legitimación que tenemos para dictar leyes", ya que no tuvieron en cuenta la decisión de la Ciudad sobre el carácter de patrimonio histórico que se le había concedido al predio.
Hilando fino, Alimena intuye que esta ampliacion proyectada "tiene un objetivo que persiste en seguir violando la autonomia porteña a traves de la instalacion de maquinas tragamonedas. La Constituicion porteña expresa claramente que es la Ciudad la que debe recaudar en estos casos, y esto entra en contradiccion con la actitu del presidente, Fernando De La Rua, quien a través un decreto autorizó la instalacion de estas máquinas en el ambito de la Ciudad.
