La Defensoría del Pueblo porteña denunció públicamente, a través de un comunicado firmado por el defensor adjunto Antonio Elio Brailovsky, que el gobierno de la Ciudad llamó a licitación para construir los reservorios sin haber seguido los pasos correspondientes.
Las principales críticas fueron que no se sometió la propuesta a consideración de la Legislatura, que no se realizaron estudios de impacto ambiental, que no se llamó a una audiencia pública y que, por tratarse de una obra hídrica, debió habérsela integrado al Plan Hidráulico de la Ciudad, algo que, según sostuvieron desde la Defensoría, no se hizo.
Los reservorios que se construirán son grandes cisternas de hormigón cuya función será evitar que la Ciudad de Buenos Aires se inunde durante las tormentas. Tendrán hasta 35 metros de profundidad y su diámetro oscilará entre los 16 y los 50 metros. Según se estima, podrían llegar a contener hasta un millón de metros cúbicos de agua. Estos cilindros se ubicarán debajo de las plazas, parques y estadios de fútbol y hacia allí se desviará el agua durante las lluvias.
El llamado a licitación para construirlos fue efectuado por el gobierno porteño hacia fines de octubre del año pasado mediante un decreto de necesidad y urgencia en el que se declaró en emergencia la red pluvial y vial de la Ciudad.
"LOS RESERVORIOS NO INTEGRAN EL PLAN HIDRÁULICO"
Desde la defensoría reclamaron el cumplimiento de la ley 123, que dice que los proyectos susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto deben ser sometidos a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo. Según la normativa porteña, los planes calificados como de alto impacto ambiental deben ser aprobados por la Legislatura en dos instancias (procedimiento de doble lectura) y entre ambas debe llamarse a una audiencia pública.
Por su parte, en un escrito en el que se le recomienda al gobierno de la Ciudad cumplir el cumplimiento de los pasos correspondientes, la defensora del pueblo porteña, Alicia Oliveira, salió a desmentir los argumentos que el secretario de Obras Públicas de la Ciudad, Abel Fatala, habría esgrimido para sostener la validez del procedimiento realizado por el Poder Ejecutivo. Según Oliveira, Fatala afirmó que no era necesario que no era necesario que la Legislatura aprobara el proyecto, porque éste integraba el Plan Hidráulico, un macro programa que ordenará la Ciudad en materia hídrica y que ya se encuentra en proceso de elaboración. "Esto es inexacto", afirmó Oliveira, al tiempo que reclamó que se efectúen los estudios ambientales y se cumpla con las normas legales.
Por todos estos motivos, la Defensoría le había enviado un pedido de informes al gobierno de la ciudad el 20 de abril pasado, el cual, según afirmaron los defensores, nunca tuvo respuesta.
