En una decisión insólita, que se conoció el viernes 19 de febrero, la jueza en lo Civil Número 81 de la Capital Federal, Ana María Pérez Catón, dispuso quitarle a la madre la tenencia de su hija Martina, de seis años, en el contexto de una denuncia, iniciada por la madre, por abuso sexual agravado, dirigida contra el padre biológico de la niña, supuesto autor de los hechos denunciados, junto con otro pariente cuya identidad no trascendió.
"Es un caso inédito y escandaloso de maltrato institucional hacia una niña", dijo el abogado Juan Pablo Gallego, asesor del Comité Argentino de Aplicación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), quien desde febrero patrocina y defiende los intereses de la menor. La acción de la jueza, agregó el letrado, impone la inmediata intervención del Consejo de la Magistratura".
Todo se desencadenó en las últimas horas. Otro hecho, calificado de "gravísimo" por el abogado, llevó a que éste denunciara a la magistrada ante sus superiores de la Cámara Civil de la Capital Federal, y se apresta a hacerlo también el lunes próximo ante el Consejo de la Magistratura.
Gallego informó a NOTICIAS URBANAS que el pasado 23 de marzo, la madre de la menor fue citada por la jueza, y que ésta procuró -sin éxito- hacerle firmar a la querellante un acta por la que consentía perder la tenencia de su hija. El letrado obtuvo una copia certificada del acta en cuestión, que ya obra en poder de la Cámara Civil.
"Se presentó a mi representada un acta previamente redactada mediante la que la jueza procuró obtener (de la madre de la niña) su consentimiento viciado, en un simulacro de legitimación de la ilegalidad", declaró el abogado. "Existe ya una total falta de decoro que impone que la doctora Pérez Catón se aparte del caso y permita desplegar la investigación de abuso sexual que viene obstruyendo mediante el dictado de diversas medidas que están poniendo en altísimo riesgo la integridad psicofísica de la menor", agregó.
Pérez Catón también instruye la causa por violencia familiar, también iniciada por la madre de la niña, desde febrero del 2002, y, según se denuncia, ha dictado diversas medidas sin siquiera conocer personalmente (a la menor), como lo impone el articulado de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República Argentina.
"El accionar de esta magistrada deshonra los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la materia. En este proceso no se respetan los derechos de la niña. Debe escuchársela y actuar en consecuencia. Martina ha relatado en catorce oportunidades ante el cuerpo médico forense los hechos que la indican como víctima de abuso sexual", dijo la licenciada Nora Shulman, directora del CASACIDN, que preside Estela Carlotto, y que también avala la denuncia contra la jueza Pérez Catón.
Las medidas adoptadas por la magistrada son terreno de especulación, pero según trascendió extraoficialmente, estarían impulsadas por supuesatas vinculaciones económicas espurias, y por los nombres de los denunciados, parientes de una familia de la llamada clase alta argentina, uno de cuyos miembros es un epistemólogo de renombre internacional con residencia fija en Canadá.
