Poco antes de terminar el 2002, el diputado de la Ciudad, Raúl Puy (Partido Socialista), presentó un proyecto de resolución mediante el cual pide que se informe a la Legislatura sobre convenio que firmaron el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Por el mismo cede una porción de tierras de Puerto Madero a la Corporación Antiguo Puerto Madero, para la construcción de barrios urbanos. Luego de la firma de este convenio, el jefe de Gobierno porteño, Anibal Ibarra, emitió el decreto 2384/2002.
En la iniciativa parlamentaria, Puy solicita que se delimite con exactitud el área afectada por el decreto, debido a que -según el legislador socialista- no quedaría claramente expuesto si la zona sujeta a transferencia es la delimitada por las avenidas Elvira Rawson de Dellepiane, Pedro de Mendoza, Antepuerto Sud y el Río de la Plata, que tiene un alto valor inmobiliario y en la que actualmente están instaladas siete dependencias nacionales "de relevante importancia, debido a que allí desarrollan su actividad astilleros y talleres de reparaciones navales públicos y privados", argumentó Puy en los fundamentos de su proyecto.
También en los considerándoos de su iniciativa parlamentaria, el diputado expone sus interrogantes acerca del destino de todos los organismos y sobre las medidas que se deberían implementar para dar respuesta a la consecuente pérdida de las fuentes laborales por el cierre de estas actividades productivas.
"El Puerto de Buenos Aires -expresó Puy-, el único que aún continua perteneciendo al Gobierno Nacional, está destinado a cumplir un rol fundamental en el proceso de reactivación industrial que el país requiere con urgencia, ya que constituiría un espacio valioso para el almacenaje de cargas, que en la actualidad se llevan a cabo en diferentes zonas de la ciudad y el conurbano y, al mismo tiempo, contribuiría a la disminución de la polución ambiental y las dificultades que acarrea el tránsito pesado y de cargas peligrosas, así como su utilización para la radicación de industrias cuyas actividades estuviesen ligadas a la importación y exportación de productos elaborados y materias primas".
Por último, el legislador socialista manifestó que "una consulta pública, sería un mecanismo fundamental para conocer la opinión de los habitantes de la ciudad sobre un tema de relevante importancia como éste".
