"El pliego presentado por el (Poder) Ejecutivo es confuso, insuficiente e impreciso y encontramos, por lo menos, cuarenta puntos para observar en dicho documento", manifestó el legislador porteño Oscar Moscariello (Juntos por Buenos Aires) durante la Audiencia Pública convocada por el Poder Ejecutivo con el objeto de discutir el pliego para la licitación pública de la recolección de residuos en la Ciudad.
Moscariello presentó un extenso informe en el que observó "las graves falencias" del pliego de licitación. "Por el monto de la contratación, ésta es la compra más importante de la Ciudad, por lo que resulta muy atípica su presentación", expuso el legislador.
En su informe, Moscariello concluyó en que es por demás probable que la zonificiación para la recolección logre zonas de prestación con niveles diferenciados. "Esto plantea que se esté rozando el principio de igualdad ante la ley", alegó el diputado, que por otra parte agregó que "en el esquema de pliego no se especifica quién ni cómo hace de contralor del contrato, ni de qué herramientas o medios se vale para ello".
Por su parte, la legisladora de la Ciudad y posible candidata a vicejefa de Gobierno porteña, Juliana Marino, exigió durante el transcurso de la Audiencia -que tuvo lugar a las 10, en el Teatro San Martín- "la necesidad de considerar una mayor participación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos porteño en el control de la recolección de residuos que fuera a efectuar la futura empresa concesionaria, para garantizar la mayor transparencia en la gestión de Gobierno y el cumplimiento de la Constitución de la Ciudad".
Marino destacó también la importancia "de definir con claridad el concepto de área limpia, para poder determinar el precio y la eficacia de dicha modalidad"; solicitó que se instituya "la obligación de los estudios de impacto ambiental para la habilitación de las plantas de tratamiento" y finalmente pidió precisiones acerca del esquema de costos de los servicios de higiene urbana y de una eventual compensación de los mismos por una revalorización de los residuos sólidos urbanos.
Mientras que Marino propuso al Poder Ejecutivo "que tenga en cuenta estas observaciones a la hora de formular el pliego", con el fin de resguardar la transparencia y los intereses de los vecinos, Moscariello planteó que la licitación deja de lado la legislación vigente, "ya que se ha obviado, por ejemplo, que el Código de Planeamiento Urbano prohibe el reciclaje de residuos".
"No obstante -finalizó el legislador-, se establece que cada empresa concesionaria debe poner en marcha y operar una planta de selección y acondicionamientos de residuos urbanos. Tampoco el pliego tiene en consideración la reciente sanción de la ley 992 y no articula el accionar de la recolección informal (los cartoneros)".
"LOS CARTONEROS SON PERFECTOS DOCENTES SOCIALES"
Por su parte, el diputado justicialista Eduardo Valdés, quien es autor de la Ley 992, llamada "ley de cartoneros", que fue aprobada en diciembre de 2002, expresó que "esta Ley, es cierto, se puede mejorar. Pero nosotros consideramos que (es) el instrumento que convierte a los cartoneros en recicladores de residuos reciclables, es decir, que formaliza su trabajo y los incorpora -capacitación y equipamiento mediante- al circuito económico y productivo de la basura.
"Los recolectores informales son perfectos docentes sociales, que han enseñado a la sociedad lo que significan los residuos y su reciclaje", dijo Valdés, quien agregó que "estos pliegos no contemplan a los cartoneros del modo en que pretendemos. Así que pedimos que estos pliegos se adapten a la ley aprobada, y no al revés. No queremos que la ley sea un anexo inútil de un pliego que siga postergando a estos trabajadores".
Por último, Valdés se manifestó en contra de que las empresas recolectoras "construyan plantas de reciclaje y las exploten para su beneficio. La única posibilidad justa sería que esas plantas fueran administradas y trabajadas por los recuperadores".
