La jueza Gabriela Seijas, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15, resolvió rechazar la solicitud de una medida cautelar en el marco de una acción de amparo presentada por legisladores y vecinos de la Ciudad con el objeto de declarar inconstitucional la creación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC).
La magistrada fundamentó su negativa a conceder la medida cautelar que solicitaba se suspenda -hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo del amparo- los efectos del Decreto 376/11 que creó las UAC, en lo que a su artículo 4 se refiere (traspaso de personal, patrimonio y presupesto) en que ?la Constitución local otorga al Jefe de Gobierno atribuciones para establecer la estructura y organización funcional de la Administración Pública y para coordinar las distintas áreas de la Administración central con las comunas (confr. art. 104,inc. 9º y 15, de la CCABA)?.
Las UAC fueron creadas por el Gobierno de la Ciudad con el objetivo de procurar el buen funcionamiento en la prestación de servicios a cargo de otros ministerios que actualmente se brindan en los Centros de Gestión y Participación Comunal, y propendiendo a su optimización.
Además, asistirán y promoverán la coordinación, supervisión y control en las prestaciones de dichos servicios, como por ejemplo, el de Rentas, el otorgamiento de licencias de conducir o los del Registro Civil.
El planteo de inconstitucionalidad de las UAC, fue presentado por legisladores de la oposición y vecinos en el marco de un amparo que se había presentado a principios de año para que el Gobierno concrete el traspaso de transferencias a las Comunas según estipula la Ley 3233. Para ellos, las UAC avanzan sobre competencias de las Comunas.
En este marco, la jueza Gabriela Seijas habia convocado a una audiencia para escuchar la denuncia de los amparistas y la defensa del Gobierno. La reunión se realizó este lunes y participaron el diputado Rafael Gentili como denunciante, y el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, en representación del Ejecutivo porteño.
Finalmente la magistrada falló a favor de la postura del Gobierno y rechazó el planteo de los amparistas de suspender los efectos del decreto hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La resolución de Gabriela Seijas aún puede ser apelada.
