Jorge, con 20 años, quedó en silla de ruedas por una bala que disparó un policía de la Federal que pretendía, ese 20 de diciembre de 2001, evitar un saqueo en el barrio de Saavedra. A diez años ningún policía es responsable del balazo que lo postró en esa silla, porque se perdió el arma. Tampoco el Gobierno nacional acepta investigar a los funcionarios policiales ni indemnizar a la víctima, según denunció ante Noticias Urbanas el abogado Rodolfo Yanzón, quien preside la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Jorge Ismael Portillo, a los 20 años, no era protagonista del enfrentamiento con la Policía Federal en el microcentro. No clamó para echar a Fernando de la Rúa de la Presidencia esa calurosa tarde de gases lacrimógenos y balas de plomo. Por el contrario, Portillo había ido a la casa de su novia en Saavedra, en la calle Melián, entre Correa y Ruiz Huidobro. Jorge tenía que despedirse. Se iba a Italia por su carrera futbolística. Pese a que se refugió detrás de un árbol recibió el impacto y terminó en un auto particular que lo llevó al hospital Manuel Belgrano, donde lo operaron. Salvó su vida, pero no volvió a caminar. La paraplejía le paralizó las piernas.
En ese momento, su padre, Jorge Alberto, recurrió al patrocinio de Yanzón para promover una querella penal contra los funcionarios nacionales que dirigieron políticamente la represión del 20. Por parte de la secta del gatillo alegre, como llamaba Rodolfo Walsh a las patotas policiales, quedaron seis efectivos imputados de herirlo. En menos de un año el juez dictó el sobreseimiento de los federales. Se apeló y en 2005 de vuelta la Justicia dictó un sobreseimiento para estos efectivos. El argumento de la Justicia es su debilidad. No haber identificado al agresor.
?Pasó que la Federal dijo que una de las armas de los policías identificados se había extraviado, el juez dijo que ante la pérdida del arma se debía archivar la causa y ordenó a la misma Policía Federal ir a buscar el arma perdida. Lamentablemente, ni la Cámara de Apelaciones ni Casación nos escucharon. Llegamos a la Corte Suprema, donde tampoco nos dieron importancia. Entonces recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?, explicó a NU el abogado querellante y a la vez columnista de varios diarios nacionales afines al Gobierno nacional. En paralelo, la familia Portillo demandó al Estado nacional por daños y prejuicios.
Rodolfo Yanzón ?que patrocina a otros sobrevivientes como Martín Galli, que vive con una bala dentro de su cabeza, y Paula Simonetti, quien se radicó en Italia y fue madre por primera vez este martes 20? señaló a este medio ?que el Gobierno de Cristina, a través de la Cancillería, negó ante la Comisión Interamericana investigar a los policías. Es más, rechaza indemnizar a la víctima. Por eso sostienen, lisa y llanamente, el archivo de la denuncia?.
En la documentación (ver aparte) entregada por Yanzón a Noticias Urbanas, la respuesta del Gobierno nacional a la CIDH fue firmada por el director de Derechos Humanos, Javier Salgado. El abogado de Cancillería argumentó que ?la responsabilidad penal se encuentra agotada, por la resolución del máximo tribunal de Justicia de la Nación? y que la demanda por daños y perjuicios se encuentra ?aún en pleno trámite?.
Juicio a medias
No es menor que el propio abogado querellante no tenga muchas esperanzas de justicia. ?Hace ocho años un fiscal me dijo ?van a tener resultados catastróficos si no mantienen el tema en los medios. El propio sistema judicial esperó que se diluyera el tema de los medios??, expresó Yanzón, un experto de los tribunales federales por ser querellante en los juicios de la última dictadura militar y en la megacausa por talleres textiles clandestinos.
Las extensísimas demoras judiciales (tardaron cinco años en realizar peritajes), el mínimo presupuesto (1.200 pesos) para la elaboración de los planos de las zonas de la represión, más las presiones políticas sobre la primera jueza llevan a la desesperanza. El máximo responsable al dictar el estado de sitio y las terceras líneas de la PFA no estarán en el banquillo de los acusados. Ello incluye a Fernando de la Rúa, procesado en primera instancia recién en 2007 (su situación debe definirla Casación Penal); por obvias razones, al fallecido exministro del Interior Ramón Mestre, y a los jerarcas policiales de línea dura que manejaron de facto la Federal durante la masacre, entre ellos Roberto Giacomino, exjefe de custodia del entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, y Jorge ?el Fino? Palacios, que era director general de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos en la PFA.
?Santos estaba en lo formal. Nunca había pasado por una comisaría ni manejó tropa, llegó a ese puesto por salvar a los hijos de De la Rúa por el escándalo desatado cuando se copiaban en la universidad. Entonces Rubén Santos estaba en Científica y tapó las pruebas. Con la jefatura lo premiaron?, explicó a este medio una garganta profunda del Ministerio de Seguridad nacional.
Giacomino fue el gran beneficiado con la caída de Santos, ya que lo reemplazó en la jefatura de la Federal, y a Palacios le permitió ascender a la Superintendencia de Investigaciones, ocupando el tercer escalafón de la jerarquía policial. El Fino no llegará a juicio por gracia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que revocó el procesamiento y el embargo por 2 millones de pesos por ?homicidio culposo? que había dictado entonces la jueza por la represión del 19 y 20 de diciembre, María Romilda ?Chuchi? Servini de Cubría.
Es conocido en los tribunales federales de la avenida Comodoro Py que Servini de Cubría tuvo un cruce de palabras el día de la represión en Plaza de Mayo. ?No puede llevarse detenidos y menos así?, gritó la jueza a un desencajado Palacios que arrastraba de los pelos a un manifestante. ?Me lo permite el estado de sitio?, replicó el Fino. No son los únicos que esquivaron a la Justicia terrenal.
El superintendente de Seguridad Metropolitana, Alberto Capuchetti, presente en los cacerolazos en el Congreso, donde terminaría herido al borde de la muerte Jorge Cárdenas, tampoco se encuentra imputado. Igual situación tiene el comisario Eduardo Mario Orueta, quien estaba entonces a cargo del Cuerpo de Operaciones Federales. A esto se suma la falta de mérito dictada por Servini de Cubría a los comisarios René Derecho y Alfredo Salomone. Derecho era el jefe de la Circunscripción 8ª de la Policía Federal. El 20 de diciembre estaba en Plaza de Mayo y daba las órdenes de no dejar ingresar a los manifestantes.
Al momento de un atisbo de justicia, la presión política cayó sobre la jueza y aplacó todo avance. Servini de Cubría se alejó de la causa reconociendo por escrito que recibía presiones del abogado Jorge Valerga Aráoz, patrocinante del exsecretario de Seguridad Interior Enrique Mathov, y Pablo Jacoby, defensor de Santos. En ese escrito, Servini se guardó las intimidaciones que recibió del máximo poder político y que este medio logró reconstruir. ?Néstor Kirchner, en una reunión de familiares y sobrevivientes, nos propuso hacer todo lo que estaba a su alcance por iniciarle juicio político a Servini?, reconoció un sobreviviente de la represión a este periodista en la marcha este martes 20 y luego confirmado por otras dos personas que estuvieron en esa reunión en Casa Rosada.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) no quiere dejar escapar al expresidente radical que lideró la Alianza. La organización critica al fiscal de instrucción de la causa.
Rodrigo Borda, abogado del CELS en la causa por la masacre del 20 de diciembre, en diálogo con este medio, se refirió al análisis del sobreseimiento de Fernando de la Rúa que tramita hace un año en la Sala I de Casación Penal. ?Es inaceptable que uno de los tres jueces en Casación haya llegado a su cargo de manera ilegal. Sucede que Luis Cabral es juez subrogante. Entonces, como CELS, lo recusamos el viernes pasado, ya que violó la ley de subrogancia que expresa que el juez suplente debe ser elegido entre los integrantes de Casación y por sorteo. En este caso Cabral, que no integra Casación, fue designado a dedo por Raúl Madueño y Juan Fégoli.?
El organismo de derechos humanos fundado durante la última dictadura patrocina a María Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva, y a la familia de Diego Lamagna, además de al detenido en disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Jair Gorospe. ?En total fueron 29 los detenidos en disposición de De la Rúa, entre ellos un exdefensor adjunto del Pueblo, y 200 en total. En realidad, el expresidente firma la notificación por las detenciones después de producidas y hasta con algunos ya liberados. Lo hace cuando se estaba yendo en el helicóptero?, detalló Borda.
La idea del CELS es que quede claro para la Justicia que De la Rúa era el máximo responsable el 20 de diciembre de 2001. ?El expresidente aplicó el estado de sitio pasando por arriba del Congreso Nacional, que debería aprobar la medida de excepción?, dijo Borda, quien relató que el CELS tiene en su poder un instructivo de la PFA donde se detalla las maneras de proceder bajo orden del PEN. ?Es absurdo que la Policía Federal fuera a mandar a De La Rúa. Él fue quien delegó masivamente en la Federal y así se construyó la represión el 20 de diciembre?.
De los 117 lesionados registradas ese día, la gran mayoría de los heridos recibió impacto de balas de plomo o perdigones en la cabeza, tórax o piernas.
Los cuestionamientos llegan al fiscal Luis Comparatore. ?Cometió negligencias. Había planos para los testigos hechos por la Gendarmería. Cuando dijeron que necesitaban hacer más pidieron 1.200 pesos. El fiscal estuvo seis meses trabado en discusiones con la Procuración.?
Ahora falta que se destine presupuesto a los profesionales del instituto Balseiro, dependiente del Conicet, para que hagan una secuencia con filmaciones y fotos sobre los hechos de ese día. La idea es determinar horarios de la represión de manera precisa e identificar a civiles y policías.
