El titular del juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Justicia porteña, Juan Vicente Cataldo, le ordenó a la Legislatura que dicte un despacho de comisión de alguno de los muchos proyectos sobre la Ley de Comunas que reposan apaciblemente en los laberínticos pasillos del parlamento porteño. El magistrado también le ordenó al Poder Ejecutivo de la capital de los argentinos que en las próximas elecciones, junto con las autoridades distritales, convoque a elegir autoridades comunales.
Cataldo hizo lugar a un amparo que presentó el abogado Javier García Elorrio el 1º de octubre del año pasado, el mismo día que venció el plazo constitucional para que el Gobierno porteño convocara a esas elecciones.
Si para la fecha de los comicios, la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura no hubiera aprobado alguno de los proyectos que sus miembros albergan "in pectore", entonces -siempre según el fallo de Cataldo- Ibarra debería convocar a los porteños a elegir autoridades comunales respetando las jurisdicciones de los 16 Centros de Gestión y Participación existentes.
Lo curioso es que uno de los proyectos en reposo, el que presentó la actual secretaria de Desarrollo Social del gabinete de Ibarra -la ex diputada radical Gabriela González Gass-, coincide con el del juez, ya que también plantea la división de la ciudad en 16 comunas.
En su fallo, Cataldo planteó que "el Gobierno acusa a los actuantes de intentar judicializar la política. Cuando el conflicto trata de derechos políticos, es inevitable su nexo con las cuestiones políticas. A la vez, este tribunal debe lamentar que sea el Poder Judicial, y no los poderes políticos, el que -por inacción o por incapacidad de éstos- se vea obligado a resolver conflictos jurídicos que nunca se hubieran producido si se hubiese actuado respetando la letra y el espíritu de la Constitución".
