Si las lenguas son vivas, las manos….

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Motivado en una presentación de la Defensoría del Pueblo porteña, el legislador Luis García Conde presentó en la Legislatura un pedido de informes para que se constate si se produjeron o no irregularidades en el Instituto de Enseñanza Superior de Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" y en su asociación cooperadora. El establecimiento es acusado por el "cobro compulsivo de aranceles" y la utilización de recursos humanos, edilicios y materiales en el dictado de cursos arancelados. "Está en juego la defensa de la educación pública y el prestigio de una de las instituciones educativas más relevantes de la Ciudad", dijo García Conde


Una actuación que, en el transcurso de este año, la Defensoría del Pueblo porteña inició de oficio a partir de una denuncia anónima -que derivó en la resolución número 5.128 del mencionado organismo- detallaba la existencia de numerosas irregularidades en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" y en la Asociación Cooperadora de ese establecimiento.

Ahora el caso también tomó estado parlamentario ya que, motivado en la presentación original de la Defensoría, el legislador porteño Luis García Conde (ARI) presentó un pedido de informes en el Parlamento porteño para que el Gobierno de la Ciudad responda sobre si, efectivamente, se constataron irregularidades en el establecimiento educativo y qué medidas se tomaron al respecto.

García Conde apuntó en los argumentos de su pedido de informes que entre las presuntas irregularidades "se destacan el hecho del cobro compulsivo de aranceles, la utilización de recursos humanos, edilicios y materiales en el dictado de cursos arancelados y el dictado de reglamentos en perjuicio de alumnos que no pueden pagar puntualmente sus aranceles".

Si se aprueba el proyecto de resolución presentado por el diputado del ARI, el Poder Ejecutivo deberá responder si fue iniciado un sumario administrativo para establecer responsabilidades de los funcionarios y agentes de la Secretaría de Educación y del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "en relación al cobro de aranceles por enseñanza pública, la venta de material didáctico, la utilización de recursos humanos, edilicios y materiales en el dictado de cursos arancelados y en la redacción de reglamentos en perjuicio de aquellos alumnos que no abonaran puntualmente sus aranceles", dice el pedido de informes.

El legislador García Conde, que es profesor de historia y ejerció la docencia en diversos colegios e instituciones de la Ciudad, consideró que sobre este caso es importante investigar "hasta las últimas consecuencias", ya que están en juego "por un lado la defensa a ultranza de la educación pública y gratuita y por el otro, el prestigio de una de las instituciones educativas más relevantes de la Ciudad".

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