Pese a que la problemática se corrió del escenario de discusión de la agenda política, no deja de ser un problema que merece pronta solución. La toma de Villa Lugano cumple tres semanas y por estas horas podría haber novedades respecto a la situación judicial.
Este miércoles habría avances en el expediente judicial que analiza el desalojo del excementerio de autos usurpado.
La primera novedad tiene que ver con que la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional resolverá sobre la recusación de uno de sus miembros, el camarista Marcelo Vázquez y, tal vez, sobre el recurso que viene frenando la orden de liberar el predio, emitida por un magistrado de primera instancia. La recusación impulsada por la defensoría general de la Ciudad- sería rechazada por los otros dos integrantes de la Sala III del tribunal de alzada, informa La Nación.
Si se dirime este punto, la sala que integran además Sergio Delgado y Jorge Franza podrá abocarse a estudiar y emitir sentencia respecto de la apelación en curso contra la orden del juez subrogante Gabriel Vega de desalojar el terreno de Pola y Fernández de la Cruz, y restituirlo al Estado porteño, a quien pertenece.
Existe una segunda orden de allanamiento, de la jueza titular Gabriela López Iñíguez, pero cuya aplicación también depende de lo que decida la Cámara de Apelaciones.
Desde el 24 de febrero el asentamiento se fue consolidando física y socialmente. Los ocupantes construyeron casillas precarias, ingresaron cables de electricidad y hasta le dieron nombre al barrio: Papa Francisco.
Si bien no hay pistas sobre cuál sería el sentido del fallo de la Sala III respecto del desalojo, cabe recordar que dos de sus integrantes -Vázquez y Delgado- habían propiciado oportunamente el desalojo de veredas ilegalmente ocupadas en el Bajo Flores. En ese caso, los camaristas consideraron que “todos los ciudadanos” son “titulares” de “los bienes de dominio público” -como el terreno usurpado ahora- y, por eso, “en modo alguno pueden uno o más de ellos arrogarse un poder sobre esos bienes”.
Los sospechosos que están en la mira son Néstor Rivas, Darío Varela, Marcelo Chancalay -exlíder de la villa 20 que trabajó para UNEN y es dueño de una empresa constructora ligada a la Fundación Sueños Compartidos-, Emanuel y Alejandro Ríos, Marcelo Urquiza y Roberto Giménez o Jiménez.
También hay una causa abierta en la justicia nacional en lo criminal. La fiscal Felisa Elena Krasucki investiga el asesinato de Osvaldo Soto, que falleció al recibir varios disparos en confusas circunstancias durante el primer día de la toma en Villa Lugano. La funcionaria informó a la familia de Soto que el agresor fue identificado, pero todavía resta su detención.