La diputada Alicia Pierini se presentará como abogada querellante en el expediente que lleva adelante la jueza federal María Servini de Cubría, en representación de "una o más víctimas de la protesta". Así lo adelantó la legisladora justicialista en diálogo telefónico con Noticias Urbanas, aunque no anticipó a qué familiares representará formalmente.
Pierini, quien cumple su cuarto año como legisladora de la ciudad y que durante el gobierno de Carlos Menem ocupó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, aseguró que espera trabajar en conjunto con los otros abogados querellantes, entre los que se encuentran expertos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el periodista Horacio Verbitsky. Justamente un miembro del consejo directivo del Cels era -hasta asumir su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de la Nación- Jorge Taiana, un experto en derechos humanos, que ocupó durante varios años la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el nuevo presidente interino Adolfo Rodriguez Saá dio instrucciones para investigar e indemnizar a las víctimas de las protestas "en sus derechos materiales y en sus derechos individuales", dijo en su discurso de asunción el pasado domingo ante la Asamblea Legislativa.
La jueza federal María Servini de Cubría, que en la tarde del jueves ordenó a la Policía Federal detener la represión contra los manifestantes, inició una investigación por presunto desacato a una orden judicial y para determinar quiénes son los responsables de las siete muertes y de los cientos de heridos en la Plaza de Mayo. Por esta investigación notificó que serán sumariados especialmente el ex ministro del interior Ramón Mestre, el ex secretario de seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la policía federal Rubén Santos. Tampoco se descartó que la pesquisa alcance directamente al ex presidente De la Rúa.
La Justicia también investigaría otros hechos, como los que dan cuenta varios de reportes de otras acciones graves de la policía: el periodista Miguel Bonasso denunció torturas con picanas eléctricas a un miembro de la agrupación HIJOS y varios medios de prensa aseguraron haber constatado la utilización de gases lacrimógenos vencidos y con contenido de derivados del cianuro.
Además, el viernes varios diputados nacionales presentaron un proyecto para crear una comisión especial que investigue "la brutal represión en la Ciudad de Buenos Aires" por parte de la Policía Federal (ver nota relacionada). De aprobarse, la Comisión tendría atribuciones para investigar denuncias en otros sitios del país.
La legisladora Alicia Pierini, la directora de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y la directora de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, Gabriela Alegre, recorrieron durante el fin de semana varios hospitales porteños para conocer el estado de salud de las víctimas que aún permanecían internadas y para ponerse a disposición de sus familias.
Aunque muchos ya se han recuperado de las heridas recibidas, cerca de 12 personas continúan internadas en los hospitales Argerich, Ramos Mejía y Fernández. Cinco permanecen en "estado reservado" debido a los disparos que recibieron en la cabeza.
Por otro lado, fuentes consultadas por Noticias Urbanas afirmaron que "ningún senador o diputado nacional se presentó el jueves en la sala de situación de la Policía Federal", desde donde se impartieron las órdenes y se comandó a los efectivos que actuaron en el centro y en otros barrios de la Ciudad. De probarse esta información, se abre un importante interrogante sobre la responsabilidad política en general y el accionar de los funcionarios que pudieron haber detenido la represión, en particular.
