La Legislatura porteña aprobó el jueves último una nueva Ley de Impuesto de Sellos, cuyo trámite de aprobación generó no pocas polémicas. Una demostración de ello fue la existencia de tres despachos de minoría -además del que fue aprobado-, cuyos autores fueron los diputados Patricio Echegaray (Izquierda Unida), Miguel Doy (Forja 2001), Santiago de Estrada y Jorge Srur (Bloque Justicialista).
El impuesto aprobado reemplazará, a partir del 1° de enero de 2003, al que ya estaba en vigencia y que era cobrado -"incorrectamente", según el diputado Jorge Argüello- por el Gobierno de la Nación, por lo que en realidad sólo se trata de un cambio de jurisdicción y no de un impuesto nuevo, ya que todas las provincias poseen su Ley de Impuesto de Sellos, excepto la Ciudad de Buenos Aires.
La ley establece que pagarán el impuesto "la formalización de escrituras públicas por las que se transfiera el dominio de inmuebles en virtud de cualquier contrato a título oneroso otorgadas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires…". La alícuota que pagarán los contribuyentes oscilará entre el 7,5 por ciento, por operaciones de hasta 13.227,50 pesos, y el 25 por ciento, por operaciones de más de 26.455 pesos.
También estarán incluidas en esta norma "las transferencias de dominio de inmuebles que se realicen con motivo de aportes de capital a sociedades, transferencias de establecimientos comerciales o industriales, disolución de sociedades y adjudicación a los socios".
Estarán exentos del impuesto las operaciones que se realicen a título gratuito, las transferencias de inmuebles destinados a vivienda, los alquileres de viviendas y las transferencias de terrenos en los que se construirán viviendas. Además, hay instituciones que tampoco tributarán, como el Arzobispado de Buenos Aires y el resto de las instituciones religiosas registradas. Tampoco lo pagarán las entidades de bien público que cuenten ya con exenciones generales otorgadas por el Gobierno porteño.
De todas maneras, en el proceso de discusión y posterior aprobación de esta norma no faltaron las disidencias. El diputado Jorge Argüello planteó que el impuesto -que cobraba la Nación desde 1996- "significó una pérdida en la recaudación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alrededor de 50 millones anuales, es decir, aproximadamente 300 millones", a la vez que le echaba la culpa de esta circunstancia a las administraciones de de la Rúa y de Ibarra.
Argüello advirtió además que "no debemos dar por perdidos todos estos años de recaudación por la falta de ejercicio de nuestras facultades". El legislador reclamó a la Nación que realice la compensación por la pérdida de estos seis años, basado en lo estipulado en la ley Nº 24.133, que indica que "podrán proponerse y acordarse conciliaciones, transacciones, compensaciones, reconocimientos y remisiones y toda operativa que propenda a la determinación y cancelación de las deudas y/o créditos que vinculen a las partes…"
El diputado radical Héctor "Tom" Costanzo, por su parte, aprovechó la oportunidad para expresar su repudio a las declaraciones de Mauricio Macri respecto al trabajo de los cartoneros. Costanzo dijo que "algunos candidatos sólo ofrecen magia para salir de la situación actual, con cerca de 7 millones de indigentes". Costanzo también se preguntó "si el empresario que no paga el canon que corresponde por la explotación del Correo Argentino estará en condiciones de reubicar a los cartoneros, que lamentablemente deben ocuparse de ‘cirujear’ a causa de crisis".
Pero el más duro fue el legislador Miguel Doy (FORJA 2001), que cuestionó que "durante muchos años se viene hablando de la necesidad de acordar tratar los temas comunes al Gobierno Nacional y de la Ciudad, como el traspaso de la Policía Federal, la Justicia o las tierras residuales de los ferrocarriles para crear espacios verdes en la Ciudad. Sin embargo, nada de esto es prioritario para Duhalde e Ibarra. Ellos han privilegiado acordar el traspaso del Impuesto de Sellos. Por eso, la Legislatura piensa aprobar una ley para que se traslade el cobro de ese impuesto a la Ciudad".
Doy planteó además que "el impuesto de sellos es un ejemplo de un tributo regresivo e injusto, porque lo conveniente es gravar la capacidad contributiva de las personas, a través de sus patrimonios o ingresos, pero no los actos jurídicos vinculados a la actividad económica de la Ciudad, más aún, en este contexto de recesión y contracción económica. Este impuesto ataca la actividad económica en la Ciudad".
