Este jueves la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de utilidad pública y sujeto a ocupación por el término de dos años el predio ubicado en la calle Diógenes Taborda 1592 y expropió los bienes intangibles, incluidos marcas y patentes, de la fallida empresa Fortuny Hermanos y CIA SA, en los términos establecidos en la Ley Nº 238, hasta el monto de 150.000 pesos.
Los bienes expropiados deberán ser destinados obligatoriamente al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Diógenes Taborda Limitada, formada por los trabajadores de la empresa. La Cooperativa recibe en comodato, por parte de la Ciudad de Buenos Aires, los bienes, en tanto continúe con la explotación de la unidad productiva.
En los fundamentos de este proyecto, presentado por la diputada Delia Bisutti (ARI), se explica que la cooperativa mencionada surge a partir de la quiebra de la firma y que está conformada por los ex trabajadores de la misma. Éstos se proponen "el desafío de llevar adelante la producción y posibilitar así la recuperación no sólo de un considerable número de fuentes de trabajo y de la dignidad de varias familias que se encuentran involucradas en este proceso; también proponen continuar brindando a la comunidad los servicios de un plantel altamente capacitado y especializado en la fabricación de sunchos de alta resistencia y laminación en frío de acero así como la fabricación de hierro de distintos espesores y de repuestos agrícolas".
EX CÁRCEL DE CASEROS
También fue sancionada en forma definitiva la ley que establece la rezonificación del predio que ocupa la ex cárcel de Caseros. La norma -impulsada por el legislador Jorge Giorno, del Partido de la Ciudad- tiende a impulsar el desarrollo económico-cultural del barrio porteño de Parque Patricios ya que el terreno en cuestión será destinado a la construcción de viviendas, un centro comercial-cultural y una escuela pública.
Giorno aseguró que, tras aprobarse la ley y luego de realizarse una audiencia pública sobre el tema, "hemos logrado tomar medidas que equilibren el funcionamiento de lo público con lo privado, incentivando todas las actividades que promuevan el desarrollo de la Ciudad, la generación de empleo, la calidad urbana y el mejoramiento integral de la zona de Parque Patricios".
La demolición del edificio de la ex cárcel se haría a través del método tradicional. El diputado porteño sostiene que debe hacerse así y ha presentado proyectos en la Legislatura que establecen la necesaria prohibición del método de implosión o explosión para evitar la descalibración de los equipos electrónicos de los hospitales cercanos, enorme propagación de hongos que se desplazarían sobre las partículas de polvo provenientes del derrumbe de los restos del edificio, además de evitar el riesgo que correría el acueducto subterráneo que circula a 7 metros del edificio.
Según la ley aprobada, la Unidad 16 de la ex penitenciaría, ubicada en el polígono delimitado por las calles Pichincha, 15 de noviembre de 1889, Pasco y la Avenida Caseros, deberá ser reciclada y conservarse las torretas de las esquinas y un sector de los muros respetando la estabilidad estructural de dichos conjuntos sobre la avenida Caseros, con la puesta en valor de los elementos arquitectónicos que den testimonio de la memoria del sitio.
La norma tuvo dictamen de mayoría de la comisión de Planeamiento Urbano. Este despacho fue firmado por el presidente de la comisión Rubén Campos (UCR), y por los diputados Eduardo Valdés, Santiago de Estrada (PJ), Irene López de Castro (Bases y Puntos de Partida), y Clorinda Yelicic (PS), quien introdujo una modificación al texto sancionado.
Por su parte la diputada Beatriz Baltroc (ARI) defendió su dictamen de minoría con relación al destino del área que hoy ocupa la ex-Cárcel de Caseros. Baltroc sostuvo la necesidad de afectar un 40 por ciento del área a Distrito Urbanización Parque (UP) en cumplimiento del artículo 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, que establece que en parcelamientos de tierras del Estado Nacional sujetas a privatización o desafectadas del dominio o servicio público deberá destinarse como mínimo el 65 por ciento de la superficie total para uso público y utilidad pública, transfiriéndose su dominio a la Ciudad.
"Pero el Organismo Nacional de Bienes de Estado (ONABE) cede a la Ciudad sólo un 25 por ciento del predio. Para dar cumplimiento al espíritu del Código debe declararse de utilidad pública la totalidad de su superficie y zonificarse como
Urbanización Parque (UP) un 40 por ciento de los terrenos que conserva el Estado Nacional, para garantizar así el 65 por ciento de la totalidad del predio para la utilidad pública", aseguró la diputada del ARI.
También propuso la creación de una Comisión Técnica para la Demolición de la ex Cárcel de Encausados, que no fue aprobada. Además sostuvo que el edificio de la cárcel vieja es un inmueble que, por sus características arquitectónicas, debía ser evaluado respecto a su interés histórico y cultural dando cumplimiento tanto a las normativas nacionales respecto a inmuebles de propiedad del Estado Nacional, así como a las disposiciones vigentes en la Ciudad.
Por el contrario, el Delegado Comunal del CGP N° 4, Daniel Brunet, señalóo que "nos costó mucho, pero lo logramos. Hace años que los vecinos de Parque Patricios queremos que desaparezca el Monumento al Horror que significa el edificio de la ex ‘cárcel nueva’, y los legisladores mayoritariamente nos acompañaron, sin distinción de banderías políticas".
Brunet manifestó que "ahora nuestra lucha será para que se llamé a licitación cuanto antes y para que el jefe de Gobierno, Anibal Ibarra, comience con las tareas que permitan la demolición. Estoy seguro que Parque Patricios, con esta ley, crece y si a esto le sumamos el Dormis de Camiones programado para el 2003 y el Subte H, estamos en condiciones de mostrar un barrio a la altura de los mejores de la Ciudad".
Además el Parlamento aprobó una declaración por la cual se solicita al Poder Ejecutivo que realice gestiones ante el ONABE para que se integre el polígono delimitado por las calles 15 de Noviembre, Pasco, Pichincha y la prolongación virtual del eje de la calle Rondeau al futuro Centro Cultural Vecinal que se construirá en el predio.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Con 39 votos por la afirmativa, la Legislatura ratificó las modificaciones a la Ley 31 del Consejo de la Magistratura realizadas el pasado 12 de diciembre. Los cambios que se introdujeron son producto de iniciativas presentadas por los diputados Cristian Caram (UCR), Guillermo Oliveri y Alicia Pierini (ambos del PJ).
Entre las modificaciones más importantes cabe destacar la obligatoriedad que tendrán de ahora en más los representantes de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura de concurrir al Palacio para informar periódicamente al Cuerpo. Además se fijó que la compensación que recibirán los nuevos consejeros será equivalente a la de un legislador porteño y que deberán pagar los impuestos.
Por otra parte se establecieron una serie de pautas para obligar al Consejo a que todas las contrataciones y licitaciones sean aprobadas por el plenario. También se estableció que hasta tanto no se modifique el número de integrantes del Consejo, o sea seis miembros, el quórum se logrará con la presencia de cuatro de ellos, a diferencia de los 5 que fijaba la Ley.
Los legisladores introdujeron en la Ley 31 la recomendación a los flamantes consejeros de que en el término de 90 días revisen las designaciones de todo el personal interno del Consejo.
También por aprobación de la amplia mayoría del Cuerpo lesgislativo porteño fueron elegidos los nuevos miembros, titulares y suplentes, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
