El problema de estos hornos incineradores es que parte de los residuos no se queman y se liberan como vapores o pequeñas partículas. Existen también productos de combustión incompleta entre los cuales las dioxinas y los furanos policlorados son de alta toxicidad y se acumulan en el cuerpo humano.
El informe "Más vale prevenir que curar" de Verónica Odriozola, expresa que estas "dioxinas son responsables -según creciente evidencia científica- de problemas en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, alteraciones del sistema endocrino y cáncer".
En la Argentina se instalaron varias plantas incineradoras con escasos mecanismos propios de monitoreo de los niveles de contaminación que provocan. Por otra parte, el Estado está ausente del control, que implicaría para su realización rigurosa, grandes inversiones en tecnología.
En la actualidad ningún laboratorio de control de emisiones atmosféricas en nuestro país está equipado para calcular concentraciones de dioxinas.
La Ciudad habría contratado a empresas que contaminan el medio ambiente
"El Área del Polo Petroquímico de Dock Sud emite diariamente un alto porcentaje de dioxinas en sus plantas de incineración, que son altamente perjudiciales para la salud", según denunció Greenpeace en un comunicado de prensa.
Meses atrás la asociación ecologista detectó que cenizas "almacenadas precariamente" en una empresa incineradora, llamada Tri Eco S.A., eran fuertemente tóxicas. Además, encontraron en sedimentos ubicados en los alrededores, altos niveles de plomo, cadmio, cromo, cobre y zinc.
"Tri-Eco concentra, en la actualidad, una gran cantidad de contratos con los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires", así lo denuncian los diputados porteños Miguel Doy (Encuentro por la Ciudad), Juliana Marino (Partido de la Generación Intermedia) y Beatriz Baltroc (ex-Frepaso), a través de un proyecto de ley que pretende modificar la ley de residuos patógenos, en el que también expresan que "los valores por kilogramo de residuo patogénico a tratar, están entre $1,15 a $ 0.42".
Proponen modificar la ley que reglamenta esta actividad en la ciudad
La ley 154, de Residuos Patógenos, fue sancionada el 18 de febrero de 1999, pero los diputados que propician la modificación de esta norma, consideran que el articulo 35 -que es uno de los que se refiere a los hornos incineradores- es inaplicable "porque sabemos que no contamos con la tecnología adecuada para medir sus niveles de emisión".
Baltroc, Marino y Doy argumentaron que "la Ciudad de Buenos Aires debe remplazar los hornos existentes y no debe volver a celebrar contratos con empresas que incineren residuos en otras jurisdicciones, porque el proceso de contaminación del medio ambiente y el daño a la salud no se evitan sino que sólo se trasladan de lugar. La responsabilidad frente a problemáticas de esta naturaleza excede las fronteras locales o nacionales. Es hora de tomar conciencia de ello y actuar en consecuencia".
El proyecto plantea modificar algunos artículos, para que se prohíba en el ámbito de la ciudad la instalación o utilización de hornos o plantas de incineración para el tratamiento de residuos patogénicos. Además quieren remplazar estos hornos por tecnologías alternativas, como los que se utilizan en los países del primer mundo. Uno de los métodos es utilizar vapor a presión para que destruya los microorganismos patógenos -esta táctica reduce el volumen de los residuos en un 75%-. Otro procedimiento que se está usando en Europa y Estados Unidos es un sistema cerrado que emplea calor húmedo a altas temperaturas y reduce el volumen de los residuos en un 80%.
