La jueza de instrucción Silvia Ramond le dictó la prisión preventiva por presunta coacción agravada a un grupo de quince detenidos por los incidentes ocurridos el viernes 16 de julio, en la Legislatura. El delito por el que se acusa a los manifestantes prevé una pena de entre 5 y 10 años de cárcel. Del grupo de 16 detenidos que quedaban a disposición de la magistrada, sólo uno recuperó la libertad.
La jueza tomó la decisión este mediodía y la carátula con la cual calificó los hechos impide la excarcelación de los detenidos, ya que la coacción agravada prevé penas que van de los cinco a los diez años de cárcel.
El otro dato relevante referido a la decisión tomada por la jueza es el pase a la justicia federal de la causa. A partir de ahora la misma se desarrollará en ese ámbito.
Los detenidos se encuentran actualmente alojados en los penales de Ezeiza y Villa Devoto, lugares de detención que recibieron la visita de varios legisladores de la Ciudad, quienes quisieron interiorizarse de la situación de los presos.
Es más, un grupo de abogados de derechos humanos protestó por la severa imputación, no excarcelable, realizada a los manifestantes. Para esos letrados está comprobado que los detenidos son vendedores ambulantes, prostitutas y travestis.
Por otra parte, un grupo de legisladores porteños se presentó la semana pasada ante Ramond para presentarle trece videos en los que se probaría que "servicios" participaron de los destrozos. Los diputados posaron la lupa sobre cierto sector de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y sobre varios policías de la Federal desplazados. La magistrada tenía pensado citar a los legisladores como testigos, algo que entró en una especie de limbo, ya que la causa pasó a la justicia federal.
